Yadira Medina Alcántara, titular del juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, dio 24 horas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para cumplir la suspensión definitiva que otorgó a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), con la que condicionó la impresión y distribución de los libros de texto gratuitos, y para que las autoridades educativas verifiquen que concuerdan los planes de estudio, además de que garanticen la intervención de los gobiernos estatales y especialistas.

Directores de educación básica y maestros señalaron que “no son las organizaciones de ultraderecha las que pueden definir qué materiales educativos pueden o no llegar a los cerca de 14 millones de alumnos de primaria en el país, porque la verdadera prueba de fuego de los libros de texto gratuitos (LTG) está en las aulas”.

Añadieron que “no sólo se trata de una batalla jurídica, sino política e ideológica en la que sólo habrá perdedores”.

Llevamos años, afirmó Pedro Hernández, director de la primaria Centauro del Norte, combatiendo a estos grupos que “se crean con diferentes membretes, pero tienen la misma agenda del conservadurismo más rancio y siempre han querido acabar con conquistas históricas de la escuela pública, como el acceso a los LTG, que se entregan en las escuelas desde 1960”.

Medina Alcántara advirtió que las autoridades responsables han sido omisas en acreditar las gestiones para dar cumplimiento a la suspensión definitiva dictada el 24 de mayo pasado.

“En consecuencia, dado que el cumplimiento de la suspensión en el juicio de amparo es de interés público, con fundamento en los artículos 158 y 196 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades que a continuación se mencionan para que, en plazo de 24 horas, acrediten haber dado cumplimiento a la suspensión decretada en autos o bien manifiesten la imposibilidad que les asiste para ello”, señala el resolutivo.

Informó que recibió el oficio firmado por el subdirector jurídico de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en el cual manifestó la imposibilidad que le asiste para proporcionar la documentación requerida en la resolución del 22 de mayo, circunstancia de la que se tomó conocimiento para los efectos legales conducentes.

La semana pasada, la impartidora de justicia otorgó la suspensión definitiva a la UNPF, con la que apercibió que si no se revisan los programas educativos y se verifica el contenido de los libros, se frenaría la impresión “para garantizar el interés superior de la infancia”.