Guatemaltecos desplazados de la Laguna Larga, que viven en un campamento en la frontera sur de México, entre Campeche y Petén, demandaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realice con urgencia una visita in situ para verificar las condiciones en las que se encuentran.

Al cumplirse hoy seis años del “violento e injustificado” desalojo por militares, indicaron que a lo largo de este tiempo, las 111 familias que están en el campamento “han sobrevivido en condiciones inhumanas, sin que se reconozca “el crimen que el Estado de Guatemala cometiera, así como su legítimo derecho al territorio”.Ante ello, solicitaron medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “por la gravedad en la que se encuentra la vida de las familias y por las muertes que continúan ocurriendo, frente a la incapacidad del Estado para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales”.

En un pronunciamiento firmado también por diversas organizaciones, exigieron el retorno urgente a sus tierras, “por razones humanitarias, hasta que se garantice la reparación de los daños y la reubicación con las condiciones de seguridad y dignidad para la comunidad”.

La situación de supervivencia de las personas desplazadas de Laguna Larga “es crítica, cada vez los fondos de ayuda son insuficientes y las necesidades de la población aumentan; en el tema jurídico ha habido un retroceso pues la CIDH ha bajado el estatus del caso a ‘No Urgente’, esto complica gravemente pues el gobierno guatemalteco ha encontrado una excusa para limitar el apoyo y presionar a la población desplazada a que se vaya del campamento sin ningún tipo de restitución de derechos”, aseveraron.

Indicaron que se tiene registro de 16 muertes de integrantes de la comunidad, “han ocurrido abortos, infecciones dermatologías, enfermedades terminales y otras afecciones, de la cuales no se tienen diagnósticos oficiales en la mayoría de los casos, la comunidad tiene sus registros internos”.

Destacaron que en Guatemala el caso se encuentra detenido porque no se tiene claridad jurídica ni voluntad política del gobierno en turno sobre alguna vía legal, “dejando así la carga a la comunidad quien debe proponer una solución”.

Frente a este contexto demandaron al gobierno guatemalteco que cumpla con la sentencia sobre este caso de la Corte de Constitucionalidad, emitida el 29 de enero de 2021, y se garantice “el aseguramiento de condiciones materiales mínimas de existencia”, la satisfacción de necesidades materiales básicas que permitan el libre desarrollo de las personas, incluyendo el derecho a la reparación y acceso a la tierra en condiciones de dignidad.