Hoy vence el plazo constitucional para la aprobación y promulgación de reformas electorales, con base en las cuales se organizará la contienda de 2024, tanto a nivel federal como local. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede resolver en cualquier momento el destino del plan B, dijeron consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, señaló que acatarán de manera puntual lo que diga la SCJN –tras el análisis de fondo de la reforma impulsada por el presidente López Obrador–, aunque dejó en claro que si la resolución implicara la “imposibilidad material en términos operativos” del instituto, se le haría saber a los ministros.

A nivel interno han transcurrido dos meses desde la renovación del consejo general del organismo, con la llegada de cuatro consejeros, y al momento no han sido designados los titulares de las áreas ejecutivas.

Taddei sostuvo que se trata de un asunto que deben resolver de manera conjunta los consejeros, pero descartó afectaciones o “parálisis” por esa causa, al contrario, aseguró, en el INE “nada se detiene”.

En el corto plazo para el INE está la supervisión de las elecciones del estado de México y Coahuila, pasado mañana.

Hasta el momento no hay convocatoria a sesión de consejo, por lo que el seguimiento de los consejeros transcurrirá en privado.

En julio, calendario 2024

Del primer punto, relacionado con la normatividad con la que se prepararán los comicios del año entrante, el calendario se aprobará posiblemente en julio, dos meses antes del inicio del proceso electoral, según la ley vigente, previa al denominado plan B.

Así, toda la maquinaria del INE se moverá con base en la ley de los años recientes, tanto a nivel operativo como de gasto.

En pocas palabras, dijo el consejero Jaime Rivera, “primero está el cumplimiento de la confiabilidad de las elecciones y después el deseable y espero que posible en algún margen de ahorro de recursos”.

El consejero Arturo Castillo explicó, en tanto, que si la Corte decidiera hacer una “interpretación extensiva”, determinará si la reciente reforma entra o no en lo dispuesto en el artículo 105 constitucional.

Ese precepto dice a la letra: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

Es decir, añadió, la SCJN “podría determinar que estos efectos también aplicarán a sus resoluciones; habrá que esperar qué deciden ellos”.

Antes, la consejera Claudia Zavala había puntualizado que ese artículo constitucional está dirigido a los legisladores. El plazo de 90 días “no es para la Suprema Corte”, indicó.

En cuanto a si hay un plan alternativo, la consejera Dania Ravel señaló que no tienen delineado un escenario distinto, en principio porque se está acatando la suspensión al plan B dictada por un ministro, además de que no hay necesidad de un desgaste institucional cuando se desconoce el desenlace de la reforma.