Asunto cerrado: gobierno federal y Grupo México-Ferrosur, del tóxico Germán Larrea, firmaron un acuerdo mediante el cual el primero cancela una concesión ferroviaria al segundo y el consorcio “cede” 180 kilómetros de vía (128 entre Medias Aguas a Coatzacoalcos y 52 de ramales), con lo que concluyó la negociación. Además, “se logró que la empresa, en otra subsidiaria, levantara una demanda contra el Tren Maya”, detalló el presidente López Obrador, para quien es “un arreglo muy favorable”.

El barón debió meterse muy en el fondo de su bolsillo la exigencia de cobrar 9 mil 500 millones de pesos por “ceder” la concesión (que es del Estado) e ingerir una buena dosis de bicarbonato, porque, dado su descomunal ego y sus abusivas prácticas, el citado acuerdo debió provocarle algo más que acidez. Ni un peso, pues, pero a cambio, obtuvo una “ampliación” (ocho años) en otra concesión ferroviaria en el tramo del Istmo hacia Veracruz, mientras se le otorga el derecho de paso (Coatzacoalcos-Medias Aguas-Salina Cruz, aunque sin permiso para cargar o descargar mercancías en esos tramos), “nada más que tienen que pagar una cuota”, detalló el mandatario.

Por primera vez en muchas décadas (la historia comienza desde tiempos de su padre El Azote, socio de Miguel Alemán Valdés), Larrea mordió el polvo ante la posibilidad de que las “diferencias” con el gobierno escalaran a otros niveles, especialmente tratándose de seguridad nacional. Entonces, a tragar sapos, algo a lo que el impúdico “hombre de negocios” no está acostumbrado, como tampoco los otros barones creados, alimentados, intocados y apapachados por los gobiernos de la “Revolución” y los del régimen neoliberal.

Qué bueno que se concretó el acuerdo. Ahora sólo falta que el barón pague la factura por el cúmulo de barbaridades de su Grupo México (y por él mismo), como en el caso del homicidio industrial (2006) en Pasta de Conchos (65 mineros muertos, de los que 63 se mantienen bajo toneladas de rocas y cuyos cuerpos se negó a rescatar); el regadero de tóxicos por buena parte de la República, sólo como ejemplos, en los ríos Sonora y Bacanuchi, con 25 mil afectados (2014); ácido sulfúrico en el Mar de Cortés (2019); tiradero en Taxco, desde 2007; río Santa Cruz, en Nogales (2014); mina carbonífera de Charcas, San Luis Potosí; río Bolaños, Jalisco; ello, sin considerar los derrames y muertes en sus propiedades en Estados Unidos y Perú, amén de las tres huelgas mineras que están a punto de cumplir 16 años, y el magnate se niega a resolver, siempre protegido por las supuestas autoridades laborales.

Firmaron, pero quedan muchos pendientes. Por ejemplo, la concesión otorgada a Ferrosur (obviamente de Larrea) por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “respecto de las vías generales de comunicación ferroviaria Oaxaca y Sur” ( Diario Oficial de la Federación, 11 de enero de 2006, en el gobierno de Vicente Fox) obliga a la empresa “a prestar el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros a las comunidades aisladas (…), para lo cual el gobierno federal otorgará al concesionario un subsidio”. Hasta donde se conoce, no hay tal servicio, pero qué tal el subsidio.

¿Qué transporta Ferromex-Ferrosur? De acuerdo con su propia información, lo relativo a los sectores “agrícola, automotriz, cemento, energía, intermodal, metales y minerales, productos industriales y químicos y fertilizantes”, pero en ninguna parte aparece el transporte de pasajeros, algo a lo que lo obliga la citada concesión. Ni un pasajero, a menos que se considere como tal el viaje turístico que ofrece El Chepe (de Los Mochis, Sinaloa, a Creel, Chihuahua; 350 kilómetros), con un módico precio: 42 mil 477.15 pesos en clase ejecutiva (cuatro días tres noches días en habitación doble) o 29 mil 862.86 pesos en primera clase (de acuerdo con sus propias tarifas), lo que no precisamente es un servicio “a comunidades aisladas”.

Pero, tranquilos, que para eso está el Poder Judicial: la canadiense First Majestic Silver “obtuvo la primera suspensión provisional de un juez federal de distrito contra la reforma a la Ley Minera, aprobada por el Congreso”. ¿Qué juez? Ulises Rivera González ( La Jornada, César Arellano García).

Las rebanadas del pastel

En los medios de comunicación existe no sólo el nado sincronizado, sino el silencio sincronizado. Ahí está el caso de Alejandra del Moral, candidata (Va por México) al gobierno mexiquense, y su presunta participación en un esquema de corrupción por 5 mil millones de pesos. Quedaron mudos.

Twitter: @cafevega