Entré a laborar en 1991 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el área de Presidencia. A finales de 1994, me informaron que iban a cambiar la estructura de la Corte y a sus ministros. En enero de 1995, Ernesto Zedillo impulsó modificaciones a la Constitución para dicho efecto. Ese año, pasé a ser secretario de estudio y cuenta, al contrario de otros compañeros, que fueron removidos. De los 26 puestos de ministro, sólo quedaron 11, casi todos con nuevos funcionarios; se creó el Consejo de la Judicatura Federal; y se le otorgaron nuevas atribuciones a la Suprema Corte para que funcionara como Tribunal Constitucional, con competencia para conocer de acciones y controversias constitucionales, con la consecuencia de poder abrogar leyes.

Esto generó, además del rezago ya existente, uno mayor, provocando el caos, tanto en el personal de las áreas jurisdiccionales como administrativas, al desconocer su destino laboral.

Si se llega a cambiar nuevamente la Corte, como se propone, se vería gravemente afectada la impartición de justicia, tanto en la instancia superior como en juzgados y tribunales, y se generaría un rezago en perjuicio de las personas en juicio, provocando también la falta de criterios oportunos de la propia Corte, con la afectación, además, de los promoventes de las acciones y controversias constitucionales y de las autoridades afectadas, pues trabajar con leyes que pueden ser anuladas inhibe su aplicación para evitar gastos tal vez irrecuperables.