Al dar los primeros pasos para la organización de las elecciones de 2024,, Instituto Nacional Electoral (INE) sugirió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver “a la brevedad posible” las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra el plan B.

Lo anterior, advierte, porque algunas de las reformas, cuyo análisis está en curso en la SCJN, impactan en aspectos básicos del reporte de resultados comiciales, por ejemplo.

Este banderazo a la planeación de la megaelección del 2 de junio del año entrante se realiza con base en la ley anterior al plan B.

En los corrillos del INE se dice que si la Corte avala el plan B –incluso una parte de éste– metería en serios problemas al organismo, pues actualmente trabaja con la perspectiva de que el proceso electoral federal 2023-2024 empezará la primera semana de septiembre, con base en la estructura central y descentralizada vigentes.

Por lo pronto, ayer, en la sesión ordinaria del Gonsejo General se aprobó la producción de 53 documentos –45 para voto en territorio nacional y ocho para mexicanos residentes en el extranjero–, que multiplicado por el tamaño de las contiendas federales y locales significará la elaboración de millones de papeles y otros materiales electorales sin emblemas de los partidos políticos, es decir, sin contar todavía la producción de boletas.

En esta proyección, el padrón podría estar integrado por 98 millones de ciudadanos en posibilidad de votar en alguna de las 171 mil 972 casillas a instalar en 2024. Además de que ya no se aplicará el protocolo covid, que en 2021 tuvo un costo millonario, no hubo cambios sustanciales. No se propone un modelo distinto para las casillas especiales; la consejera Carla Humphrey proponía votación electrónica en las mismas y diferenciar la potencia de cada una.