Más de 4 mil jóvenes en el país se encuentran en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes por delitos como violación, homicidio y portación de arma de fuego, informó Antonio Hazael Ruiz Ortega, comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario participó en la Conferencia sobre Justicia Penal para Adolescentes: las necesidades específicas de las mujeres adolescentes y adolescentes indígenas en conflicto con la ley penal.

El país tiene la firme voluntad de cumplir con sus decisiones jurisdiccionales y hacer el mayor esfuerzo para implementar las recomendaciones y dar atención a las poblaciones y comunidades, así como grupos que históricamente han sido sometidos a la discriminación, señaló.

De las 4 mil 936 personas adolescentes y adultas jóvenes sujetas al ámbito de la justicia, 398 son mujeres y 4 mil 538 hombres. “Estos datos dan la posibilidad de visualizar áreas de oportunidad donde se debe incidir para tener más y diferentes resultados”, indicó Ruiz Ortega.

Al inaugurar los trabajos de la conferencia, el integrante del Consejo de la Judicatura Federal Bernardo Bátiz Vázquez aseguró que al país le preocupan los delitos cometidos por los adultos, pero más alarmante son los agravios en los que se ven involucrados las niñas, niños y adolescentes.

Señaló que en el caso de jóvenes que cometen algún ilícito, las au-toridades deben preguntarse antes que nada, por qué hay delitos, cómo surgen y qué ambientes los propician.

La magistrada Lilia Mónica López Benítez subrayó que en México y otras partes del mundo las mujeres enfrentan discriminación estructural y desigualdades arraigadas, que pueden agravar su experiencia en el sistema de justicia penal.

Al referirse a las adolescentes indígenas en conflicto con la ley, apuntó que deben ser tratadas con respeto y dignidad. De ahí la importancia de analizar el derecho internacional en la materia, los informes sobre las circunstancias de los adolescentes en el juicio y previo al dictado de la sentencia, así como la reinserción posterior a la sanción.

El embajador de Canadá, Graeme C. Clark, resaltó que las mujeres adolescentes e indígenas merecen un sistema judicial que les trate de manera justa y equitativa, porque es importante para ellos, sus comunidades y ambos países.