Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a la procuradora general, Margarita Cabello, de suspender los derechos políticos de los senadores de la coalición gubernamental Pacto Histórico Álex Flórez y Wilson Arias, electos en comicios populares, y consideró que esas acciones “convierten al país en una dictadura”.

“Usted, procuradora, no es un poder independiente de los órganos administrativos. Usted no es justicia penal. No se atribuya funciones que no tiene”, tuiteó el mandatario antenoche, y le precisó que tenía “prohibido suspender derechos políticos” apegados a la Constitución, como “elegir y ser elegido”, porque hacerlo, “acaba la base misma de la democracia”.

La Procuraduría determinó sancionar por ocho meses a Flórez por el escándalo que protagonizó alcoholizado ante unos policías en Cartagena, y formuló cargos a Arias por acusar a agentes de torturar a manifestantes durante el estallido social de 2021.

El argumento de Petro es que se desconoce el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) de 2014, en el que se determinó que la Procuraduría no es el organismo que debe sancionar a los funcionarios electos por voto popular. Con esa sentencia, quedó sin efecto una decisión del ente judicial que lo suspendió e inhabilitó durante 15 años de su cargo de alcalde mayor de Bogotá en 2013 por supuestas irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura de la capital.

La Coridh declaró en 2020 la responsabilidad internacional del Estado colombiano por vulnerar los derechos de Petro cuando era alcalde, y sentenció que el fallo de la Procuraduría había sido una “violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Ante los casos de Flórez y Arias, Petro puntualizó: “eso se acabó con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, como jefe del Estado, la haré respetar”.

Durante un acto en Bucaramanga, Cabello contestó ayer que la democracia colombiana exige respetar las instituciones y que la Procuraduría, por orden de la Constitución, tiene la facultad de investigar, juzgar y sancionar a los servidores públicos. “Las decisiones administrativas, como lo son las actuaciones administrativas, se respetan, se acatan y si se quieren controvertir se hace dentro de los procesos”, aseguró.

En todo caso, la dirigencia del Pacto Histórico indicó que se prepara para llevar sus alegatos ante el ente regional de la Organización de Estados Americanos, al considerar que la incidencia de Cabello podría sacar del Congreso, temporalmente, a otros legisladores de la bancada en el gobierno, como David Racero, Alexander López y Susana Gómez, con lo que buscan “proteger la vida y los derechos políticos de sus integrantes y la voluntad del pueblo que los eligió”.

El lunes pasado, Petro cuestionó decisiones administrativas que generaron la “pérdida de votos” de congresistas del Pacto Histórico, al referirse al fallo de nulidad proferido por el Consejo de Estado contra la elección de Roy Barreras como congresista, por lo que denunció que esas sentencias son parte de un “golpe blando” a su gobierno.

El pasado 11 de mayo, Petro denunció la existencia de algunos sectores que buscan provocar un “ruptura constitucional”, luego de que el ex director de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, John Marulanda, dijo que, como en Perú, los efectivos en reserva van a hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero, en alusión al mandatario.

La Fiscalía de Colombia realizó ayer una inspección en la Casa Nariño donde la niñera de Laura Sarabia, mano derecha de Petro, fue sometida a un interrogatorio con polígrafo tras el robo de un maletín con miles de dólares.

La ex cuidadora del bebé de Sarabia, Marelbys Meza, contó el fin de semana a un medio local que se sintió “secuestrada, aturdida, ahogada” durante las cuatro horas de interrogatorio en el sótano de un edificio anexo a la residencia de Petro, el 30 de enero.

Por otro lado, la Fiscalía General informó ayer que el titular de la productora de carbón estadunidense Drummond en el país, José Miguel Linares, y su antecesor, Augusto Jiménez, deberán ir a juicio para responder por el supuesto apoyo y financiación a finales de la década de 1990 a las Autodefensas Unidas de Colombia, el mayor grupo paramilitar de ultraderecha del país, ante la “abundante material de prueba” sobre este caso.