La ley es la ley, tal vez quiso decir la ministra Piña en un acto en el que se celebraron los 25 años de la creación de la Defensoría Pública, aunque se olvidó que para ella, como a la mayoría de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ley es una interpretación que se ejerce a su gusto y conveniencia.
además, en muchas de sus contradicciones, es necesario recordar que las leyes son nada más que un acuerdo para convivencia que aprueban los legisladores electos por los ciudadanos, esos diputados y senadores por los que los ministros pasan sin mayor preocupación.
Seguramente dentro de muy poco tiempo alguien –experto en la materia, pero no coptado por el mercado– hará un estudio para demostrar que los ámbitos donde las leyes se interpretan y se ejercen son, tal vez, el último reducto del neoliberalismo, porque desde ahí es desde donde se pretenden mantener algunas o muchas de las reglas con las que aún sobrevive esa forma de pensar.
Para ser más claros: en México, como en Perú, para no hacer más extensa la lista, la ley, cosa curiosa, no corresponde a los intereses de la gente, aunque es la población la que sufre sus decisiones y quienes la ejercen no son representantes de la población, no se deben al voto, sino a los intereses de partidos dominantes.
Y eso, los integrantes de la Corte por lo que piensen o procuren las mayorías no les interesa, ellos no son parte de la sociedad (completa) a la que dicen servir; su lealtad, obediencia y compromiso va de la mano con la forma de pensar y juzgar de quienes no obtuvieron el voto. Ellos son los representantes de su propio grupo, no de la sociedad.
Por eso es que la ministra Piña por ningún lado habla del voto, de la obediencia a la voluntad popular, sino a las leyes; es decir, a los intereses que les dictaron y lo hace con la certeza de que hay un grupo que la escucha al que no le importa qué dice la ley, sino cuánto cuesta.
Hace algunos números en esta columna decíamos que la Corte había ejercido un “golpe de Estado” incruento en contra de un gobierno legítimamente electo, peccata minuta para quien no quiere entender que la ley, que ellos interpretan, proviene de soberanía popular y no de los intereses de un grupo.
Al empezar la semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de eso, de “un golpe de Estado técnico” que se ejerce contra su gobierno; pero por más que estemos de acuerdo, no es exactamente contra su administración contra la que se va la Corte, es contra el ciudadano, contra el voto de quienes decidimos que nos gobernara un modelo de pensamiento alejado de lo neoliberal.
La Corte –por eso no hay referencia de la ministra al tema– nada tiene que ver con la gente y sí, al descartar las ideas que desde el gobierno legítimo se pretende que se vuelvan iniciativas de ley, se descalifica, se anula al votante, a su voluntad, al supremo símbolo de la democracia.
Está claro que la señora Piña habla de legitimidad, pero no da cuenta de que son las elecciones, el voto ciudadano, el que legitima al gobernante que luego, ya como Presidente, por ejemplo, se convierte en popular por sus decisiones de gobierno.
De pasadita
Se publicó y se hizo viral el llamado que Pío López Obrador hiciera en favor de Marcelo Ebrard, a quien considera el más apto de los precandidatos para seguir con la 4T. Muchos se escandalizaron, pero la verdad es que como ya se ha dicho, para la contienda por la Presidencia no hay unanimidad en la forma de pensar ni dedazo.
