El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sostuvo que la “ineficacia del Poder Judicial” continúa siendo “un profundo lastre para acabar con la impunidad” y la violencia, ya que dejan sin castigo una gran parte de los delitos cometidos en el país.
Por ello, “debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder necesita para funcionar correctamente, sólo así el pueblo de México volverá a confiar en los jueces y la justicia”, recalcó al inicio de la reunión de la comparecencia de los integrantes del gabinete de seguridad ante la comisión bicameral que evalúa y da seguimiento a la actuación de la fuerza armada permanente en el combate al crimen organizado.
Su discurso fue lo único público de esa reunión en la que participaron la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Cresencio Sandoval, y de Marina, Rafael Ojeda Durán.
El titular de Gobernación recalcó que los funcionarios acudieron a la comparecencia, con base en lo establecido en la reforma constitucional que prorrogó hasta 2028 la participación de militares en tareas de seguridad.
Una reforma necesaria, aseguró, para concretar con éxito las acciones para pacificar el país, en la que la fuerza armada permanente no sustituirá a las autoridades civiles en ningún orden de gobierno, ni eximirá a las autoridades de su responsabilidad en materia de seguridad pública.
El responsable de Gobernación resaltó que contrario a las políticas de sexenios anteriores, “las víctimas de la delincuencia no son daños colaterales”, toda vez que “en la estrategia de seguridad federal se prioriza la vida y la paz, por encima de los operativos espectaculares con los que conseguir medallas. Sabemos que con astucia e inteligencia podemos ser más eficaces combatiendo la criminalidad”.
Resaltó que el daño que gobiernos anteriores ocasionaron en el ámbito de la seguridad y el impacto de la corrupción en los distintos órdenes de autoridad requería un plazo más amplio para la colaboración del Ejército y la Armada en la lucha contra la criminalidad.
Que sea pues, dijo, “el inicio con esta primera comparecencia, una retroalimentación que permita apuntalar las labores de seguridad no sólo de la fuerza armada permanente, sino de todas las instituciones de seguridad de las entidades federativas, quienes también deberán ser evaluadas, sobre todo en capacitación y en equipamiento”.