Juristas y ex funcionarios coincidieron en apoyar la modificación del mecanismo de elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no se inclinaron por el voto popular o la consulta, como propone Morena.

El modelo vigente no es el mejor, consideró Diego Valadés, pero planteó que en una votación abierta, los ciudadanos no tendrían la certeza de elegir a ministros imparciales y, sobre todo, con competencia profesional.

Mónica González, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, planteó como mecanismo la “legitimación indirecta”, porque una elección popular implicaría riesgos de intervención de partidos.

Amador Rodríguez Lozano planteó que en una elección abierta, “miles se apuntarían”, y consideró viable que una comisión bicameral defina la idoneidad de los aspirantes. “No por ser innovadores o demócratas, vamos a echar a perder la Corte constitucional mexicana”, advirtió.

Rafael Estrada Michel, coordinador del Programa Acceso a la Justicia en el estado de México planteó que primero se ensaye una elección en los tribunales superiores de los estados, de “quienes hayan pasado todas las pruebas, incluso sicométricas, en una escuela nacional”. Recordó que “Porfirio Díaz llegó a la Corte en 1884, tratando de allanar su camino a su primera relección... un hombre próximo al analfabetismo jurídico llegó al máximo tribunal”.