Un tribunal colegiado con sede en Tamaulipas absolvió a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero, por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa, con una sentencia que quedó firme y deja a la Fiscalía General de la República (FGR) sin opción de impugnar.

El tribunal también exoneró en el mismo proceso a Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública de Iguala. Abarca seguirá preso porque está sentenciado a 92 años y seis meses de cárcel por secuestro, además de que enfrenta otro proceso por lavado de dinero.

El ex alcalde fue señalado por autoridades como presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, por lo cual se le presumía responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, en su modalidad de secuestro.

La sentencia en su contra, dictada hace dos semanas, fue por el plagio de seis activistas en 2013, entre ellos el dirigente del Frente de Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, quien a la postre fue asesinado por Abarca, según testigos. El homicidio de Hernández, aunque fue denunciado en su momento, no llegó a judicializarse.

El tribunal colegiado de apelación, con sede en Tamaulipas, confirmó la sentencia absolutoria de un juez federal de distrito en favor del ex funcionario.

El impartidor de justicia exoneró también a Flores Velázquez, quien también está preso, y a otras 18 personas, a quienes se les imputaron los delitos de delincuencia organizada, en sus modalidades de delitos contra la salud y secuestro agravado, también por el caso Ayotzinapa.

En el fallo de primera instancia el juez determinó que los elementos de prueba que presentó la entonces Procuraduría General de la República (PGR) fueron insuficientes para acreditar el cargo de delincuencia organizada.

El juez también fundamentó su fallo en que algunos involucrados en el caso no rindieron su declaración de manera libre y voluntaria, sino bajo coacción o tortura, además de que otros de los acusados fueron detenidos ilegalmente por la PGR.

El tribunal de apelación confirmó las absoluciones por delincuencia organizada y para efectos de la reparación del daño.

“No ha lugar a amonestar a los enjuiciados ni a suspender sus derechos políticos y civiles, y se rehabilita a los sentenciados en el goce sus derechos políticos”, resolvió.