Dice el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinach, que la región vive una “especie de crisis en cámara lenta” y advierte que en 2023 está por contabilizar otra “década perdida” (peor que la de los años 80), pues “son mínimas” sus perspectivas de dejar atrás “la inercia de avances económicos parcos” ( La Jornada, Dora Villanueva).

No es novedad, porque la Organización de Naciones Unidas (ONU) y sus instituciones especializadas, como la Cepal, acumulan no una ni tres décadas perdidas, sino cerca de ocho (la primera se fundó en 1945 y la correspondiente a Latinoamérica y el Caribe en 1948) y desde el inicio de sus operaciones todo lo registran en “cámara lenta”, pues muchos problemas y conflictos de la posguerra se mantienen ignominiosamente irresueltos, sin visos de que ello cambie.

Para el caso latinoamericano, el nuevo secretario general de la Cepal (que sucedió en el puesto a la mexicana Alicia Bárcena) no tiene por qué registrar en “cámara rápida” los problemas regionales (donde los habitantes lo padecen en “cámara rápida”), que prácticamente son los mismos que hace ocho décadas –especialmente en el ámbito social– y menos encontrar posibles soluciones. En ese periodo, para la Patria Grande el resultado ha sido el mismo.

Salazar-Xirinach sostiene que el problema de crecimiento en la región “se ha postergado ya por décadas, al menos desde los años 80, lo que ha dejado efectos acumulados en pobreza, ingresos tributarios y creación de trabajo”, pero hace a un lado el quid de la cuestión: la concentración del ingreso y la riqueza, que año tras año reproduce y profundiza el deprimente panorama social latinoamericano.

Entonces, no sólo se trata de crecimiento, sino, especialmente, de desarrollo, el cual permanece prófugo dado el modelo económico prevaleciente: todo para unos cuantos, nada para el resto, de tal suerte que se pueden esperar todavía más décadas perdidas.

En vía de mientras, la Cepal recién divulgó su Panorama Social de América Latina y el Caribe, con información de 2022, y en él se subraya que la región “atraviesa un complejo escenario de gran incertidumbre. Esto profundiza los efectos de una crisis social prolongada, con un impacto silencioso y devastador en la educación. Si bien desde 2015 se observaba deterioro en los niveles de bienestar, estancamiento en los avances de los logros educativos y leve alza de la pobreza, la pandemia por covid generó una crisis social significativa que se ha prolongado por tercer año” (en realidad, por tres años más, que suman a lo registrado desde 1948).

El organismo especializado de la ONU señala que “pese a que se espera el fin de la pandemia (de hecho, el pasado 5 de mayo la Organización Mundial de la Salud declaró que se acabó la emergencia sanitaria), la región “no ha logrado avanzar hacia la recuperación tras sus impactos sociales y retornar a los niveles de 2019. América Latina y el Caribe se ha mantenido expuesta a un inestable escenario geopolítico y económico mundial marcado por una conjunción de crisis sucesivas, en particular por el conflicto en Ucrania”.

Lo anterior ha llevado a desacelerar el crecimiento económico y a una lenta generación de empleo, sobre todo de empleo de calidad, junto con fuertes presiones inflacionarias que han decantado en el incremento del precio de los alimentos y la energía, y caídas importantes en la inversión. “La elevada inflación, especialmente en el componente alimentario de la canasta de consumo, afecta con mayor intensidad a los quintiles de menores ingresos y también tiene un impacto en los estratos de ingreso medio más vulnerables. Estos factores se suman a otros riesgos en curso, como el incremento en la frecuencia de desastres y los impactos de la emergencia climática”.

Este panorama, puntualiza la Cepal, “puede llevar a la región a un nuevo retroceso en su desarrollo social y a un escenario de inestabilidad en los planos social, económico y político. Urge, por tanto, consolidar políticas sociales inclusivas para proteger y garantizar el bienestar de la población y el ejercicio de sus derechos. Por la inseguridad alimentaria y nutricional, y ante el alza de los precios de los alimentos, 56.5 millones de personas en la región reportan hambre”.

Las rebanadas del pastel

Más que productiva se muestra la aceitada indu$tria del amparo: para todo y a todos, siempre con la intención de cancelar las acciones de gobierno (no de cualquiera, sino del actual).

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