Ciudad de México. En el último día del periodo ordinario de sesiones, el Congreso capitalino aprobó una reforma para evitar que personas sentenciadas por abuso sexual, por violencia familiar o política contra las mujeres, puedan ser candidatos a algún cargo público en la Ciudad de México.

Tampoco podrán ser candidatas aquellas personas sentenciadas penal o administrativa por actos de discriminación, ni aquellos que estén inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos ni de agresores sexuales.

En sus posicionamientos, diputadas de todas las bancadas coincidieron en que la lucha feminista no conoce de colores ni partidos, por lo que celebraron las reformas, a fin de que “ningún machito” sea representante popular ni ocupe lugares de toma de decisiones que puedan afectar a los ciudadanos.

Se trata de una reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local que modifica los requisitos para ocupar un cargo de elección popular, con lo que los aspirantes no deberán haber sido sentenciados por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; el normal desarrollo psicosocial; violencia familiar; violencia familiar equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género; así como en cualquiera de sus modalidades y tipos.

Tampoco deberán haber sido sentenciados por actos de discriminación por género, identidad o expresión de género y/u orientación sexual.