Un aproximado de 3 mil 500 personas que se encuentran en prisión preventiva sin sentencia firme podrán emitir su voto en las elecciones locales de 2024 para elegir a los titulares de la Jefatura de Gobierno, alcaldías y diputados locales.

Ayer, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para garantizar el derecho al voto de las personas privadas de la libertad siempre que no hayan sido condenadas mediante sentencia firme.

En entrevista, el consejero electoral Bernardo Valle explicó que la reforma implica un reto importante para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues se debe garantizar que este grupo poblacional tenga acceso a las propuestas de los candidatos, sus plataformas electorales y transmisión de debates, a fin de que emitan un voto razonado, y no se requieren “gastos onerosos” para cumplir con la nueva obligación.

Uno de los requisitos indispensables para que este grupo de personas pueda sufragar es estar inscrito en la lista nominal de electores de la capital. Como parte de las labores que el órgano electoral llevará de manera pronta es la impartición de programas de educación cívica y construcción de ciudadanía, con la finalidad de concientizar a la población de la importancia de votar.

“Va a ser importante para garantizar los derechos político electorales de un grupo que ha estado invisibilizado y que por primera vez tendrá la oportunidad de ejercer sus derechos.”

Retardan reforma

Por otra parte, Morena en el Congreso local calificó de “chicanada” que la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el Partido Acción Nacional, no haya dictaminado a tiempo sobre la reforma que mantiene en 10 el número de concejales en cada alcaldía, por lo que pidió turnar la iniciativa a la Comisión de Normatividad, a cargo del diputado Jorge Gaviño.

Dicha bancada acusó al presidente de la comisión, Diego Garrido, de no hacer su trabajo y esperar hasta el final del periodo de sesiones para presentar el dictamen sobre la reforma enviada desde diciembre pasado.

“Es una práctica dilatoria que implica congelar esta iniciativa por intereses y caprichos de una sola fuerza política”, dijo la coordinadora de la fracción de Morena, Martha Ávila, quien sostuvo que los concejos de alcaldías de oposición ni siquiera han sesionado.

De no aprobar la reforma, en 2024 aumentaría el numero de concejales de 150 a 204, que implica una erogación de más de 80 millones de pesos en salarios.