A un mes de que el Congreso de la Unión aprobó la reforma a la Ley General de Salud para crear los Servicios de Salud IMSS-Bienestar, en sustitución del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que la formaliza.

Así se concretó la segunda reforma legal de la actual administración federal, con la que busca garantizar la atención y medicamentos gratuitos para personas sin seguridad social y lograr un sistema sanitario como el de Dinamarca, o mejor, como ha comprometido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La primera reforma a la misma ley fue la que en enero de 2020 creó el Insabi, con el mismo objetivo. Sin embargo, debido a la complejidad y rezago encontrado en los servicios de salud que han estado a cargo de los gobiernos de los estados, el titular del Ejecutivo cambió la estrategia a fin de que IMSS-Bienestar se convierta en el tercer pilar del sistema nacional de salud, al que en adelante se identificará como Sistema de Salud para el Bienestar.

IMSS-Bienestar tiene la responsabilidad de garantizar que las personas reciban la atención médica y los tratamientos en el momento que los requieran, sin costo alguno en los estados que suscriban los convenios de coordinación con el nuevo organismo, con los que le transfieren los recursos físicos, humanos y económicos destinados a la salud.

De acuerdo con los reportes de Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 14 estados que ya forman parte de la estrategia, existen avances en cuanto a la contratación de personal, equipamiento de las unidades médicas y mejoras en la infraestructura.

Las entidades que decidan mantenerse al margen de los convenios seguirán a cargo de sus servicios médicos, aunque con la obligación de garantizar la gratuidad para quienes carecen de acceso a la seguridad social.

IMSS-Bienestar tendrá a su cargo la administración del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi, antes de gastos catastróficos), con cuyos recursos se cubrirá la atención de enfermedades de alto costo, las cuales se determinarán con base en su “grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren”.

En el decreto que entra en vigor hoy se incluyeron los cambios en la integración del Consejo de Salubridad General y la puntualización de sus responsabilidades, entre otras, la de emitir las declaratorias de emergencia por fenómenos que representen un peligro inminente para la población.

Sobre el Sistema de Salud para el Bienestar, la ley señala que será solidario y social. Aplicará el modelo que vincula los servicios de salud con la acción comunitaria “en un marco de respeto a los derechos humanos, con perspectiva de género y con un enfoque intercultural en salud”.