Chiapas es un polvorín a punto de estallar. La violencia se multiplica de manera alarmante. Los ataques armados de paramilitares contra comunidades zapatistas son frecuentes y se intensifican. Grupos del crimen organizado organizan levas de jóvenes para engrosar sus ejércitos. Miles de desplazados viven en el monte o en poblados provisionales. Bandas de delincuentes motorizadas protagonizan en San Cristóbal verdaderas batallas campales para controlar mercados y rutas de drogas. Cárteles pelean a sangre y fuego por el control de la frontera con Guatemala.
Es una violencia diversa, alimentada por la combinación de conflictos ancestrales y nuevas disputas ligadas a la tierra, el comercio y los narconegocios. A pesar de la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, las armas de alto calibre se consiguen con una facilidad asombrosa. Ante la inacción gubernamental, por todo el estado se multiplican paramilitares, sicarios, grupos de autodefensa (Pantelhó, Altamirano y San Cristóbal) y agencias de “seguridad privada”.
Los grupos paramilitares, cobijados por las autoridades, se han asociado al crimen organizado, que subroga sus servicios. Laboran una doble jornada. Por un lado, buscan mantener a raya los procesos de expansión de las comunidades rebeldes y las protestas de los campesinos en lucha. Por el otro, mueven migrantes indocumentados, desplazan grandes volúmenes de estupefacientes y se dedican al narcomenudeo, distribuyen piratería y pornografía indígena, trafican con coches robados y armas. Ahora, como puede verse en el caso de Chicomuselo, además roban minerales.
Esas bandas, que con frecuencia controlan el transporte local y las rutas en varias regiones, sirven a políticos locales. La “nueva familia chiapaneca”, que es la “vieja familia chiapaneca” reciclada, se ha imbricado profundamente con ellas. Lo mismo ha sucedido con una parte de los cacicazgos indígenas tradicionales, algunos de los cuales han incursionado exitosamente como polleros y/o narcos.
Uno de los ejes centrales de esta violencia son las agresiones paramilitares contra bases de apoyo zapatistas. (https://rb.gy/yrx0e). Apenas el lunes 22 de mayo, como parte de una agresión que duró cuatro días sin que las autoridades intervinieran, el grupo paramilitar de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) balaceó al tseltal Gilberto López Santis, de la comunidad autónoma Moisés Gandhi, municipio rebelde Lucio Cabañas. Está grave. Le perforaron el diafragma, el intestino grueso, el estómago y el bazo. Se debate entre la vida y la muerte. A lo largo de los últimos meses, la Orcao ha atacado en más de 10 ocasiones a los rebeldes, con la más absoluta impunidad. Ha quemado bodegas de café, escuelas y secuestrado indígenas.
Entre otras cosas, la Orcao pretende despojar a los zapatistas de las tierras que recuperaron en el levantamiento de 1994, en parte, para cobrar los apoyos gubernamentales del programa Sembrando Vida. Sus agresiones, perpetradas con absoluta complicidad de las autoridades, muestran el grave deterioro que se vive en el estado y mandan una señal peligrosísima. No es una embestida más. El conflicto de fondo se encuentra en un punto crítico.
Muy grave es también la situación, entre otros muchos municipios y localidades más, en Teopisca, Comalapa, Betania, la carretera Las Choapas-Ocozocoautla, San Cristóbal, Frontera Comalapa, Trinitaria y Chicomuselo). Los bloqueos carreteros en Teopisca son cada más que frecuentes, por la exigencia formal de destituir a la alcaldesa Josefa María Sánchez y formar un concejo municipal. Apenas el pasado 21 de mayo tres personas resultaron heridas en un enfrentamiento a tiros entre agentes estatales, que intentaron detener a dirigentes del movimiento, y campesinos que los defendían.
A poco más de 120 kilómetros de allí, en la carretera Las Choapas-Ocozocoautla, el 25 de mayo se registraron bloqueos carreteros (durante cinco horas), disparos de armas y un tráiler incendiado. Encapuchados asaltaron camiones y tiendas Coppel e incendiaron pequeños negocios. Apenas el 8 de febrero había sucedido algo similar. A la altura de Malpaso, los cárteles pelean el tránsito de drogas, cobro de piso, paso de indocumentados, armas y huachicol.
La semana pasada fue particularmente trágica en Frontera Comalapa, donde criminales se disputan el territorio, asesinando en fuego cruzado a inocentes. Ráfagas, bloqueos, autos quemados, caravanas de vehículos artillados (los famosos monstruos), son parte del paisaje habitual de la región en los últimos días. En las comunidades cercanas a Nueva Independencia, donde opera el grupo Maíz (filial del cártel Jalisco Nueva Generación), se reclutan jóvenes y se les dan armas para que se enfrenten a sus rivales. Unas 3 mil personas que fueron desplazadas de sus poblados tuvieron que refugiarse en las montañas y a las orillas del río.
Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, existe “aquiescencia del Estado”, pues en la comunidad “El Jocote existe un destacamento del Ejército Mexicano. En el tramo carretero Paso Hondo-Frontera Comalapa se encuentra un destacamento de la Guardia Nacional. Y en el municipio de Chicomuselo está el cuartel más grande del Ejército Mexicano”.
No es exageración. El polvorín chiapaneco puede estallar en cualquier momento.
Twitter: @lhan55
