La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados aprobó ayer recomendaciones a la Auditoría Superior de la Federación, que ha omitido precisar las consecuencias sociales de las irregularidades detectadas y sigue sin presentar denuncias penales, aun cuando en algunos casos los delitos ya caducaron y no se pueden perseguir.
En la reunión de ayer, las diputadas Inés Parra (Morena) y María Elena Pérez Jaén (PAN) acusaron que el auditor David Colmenares, el titular de la Auditoría Especial de Seguimiento, Nemesio Ibáñez, y el jurídico, Víctor Andrade, han dejado transcurrir el tiempo para que los delitos por mal manejo del gasto prescriban.
Parra reprochó que aunque desde diciembre de 2022 la Junta de Coordinación Política pidió a la Unidad de Evaluación y Control (UEC) –órgano de la Comisión de Vigilancia que fiscaliza a la ASF– un diagnóstico del rezago, priva la opacidad.
Lo que ocurrió fue un “carteo” entre la UEC y la ASF y que cuando ella solicitó información, Ibáñez le respondió que los delitos de cuentas públicas de 2016 hacia atrás no han prescrito, y que los pliegos de observaciones de 2017 a 2021 están en revisión.
Con esto, agregó, sólo hace tiempo para no presentar las denuncias penales. “La ASF ya se descaró. Tiene 4 mil 520 pliegos de observación en seguimiento desde 2017, esto es, los aplaza, y de ellos, 514 pliegos son insolventables y son potenciales denuncias de hechos”, afirmó.
No obstante, señaló, el signo de la actual auditoría es no presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República. “Es una vergüenza”, insistió la diputada panista. Las legisladoras cuestionaron que Colmenares se niega a asistir a la Cámara con el pretexto de un malestar, pero que sí viaja por el país y se reúne con gobernadores.
“No viene porque dice que está mal de su pie”, aseguró Inés Parra y añadió: “Pura simulación. Cómo extraño a los anteriores auditores. El informe de junio será deficiente, porque hay elecciones en 2024 y ahí vamos a ver de qué está hechala auditoría”.
Sin mayor debate, la comisión aprobó dos volúmenes de recomendaciones realizadas por la UEC, donde se advierte que la ASF no atendió solicitudes de diputados para realizar auditorías a áreas y programas del gobierno federal de la cuenta pública 2022, cuyo primer informe parcial se presentará en junio.
