Integrantes de la organización Ruta Cívica y especialistas en planeación urbana llamaron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a no enviar al Congreso capitalino los proyectos del plan general de desarrollo y del programa general de ordenamiento territorial, ante las omisiones y yerros que presentan.

Además, “dejan ahora todo a nivel de las alcaldías, que recibirán la presión de los cárteles inmobiliarios creando dinámicas perversas, dinámicas políticas que determinen hacia dónde crece la ciudad”, alertaron.

El programa de ordenamiento, advirtieron, abre la puerta a megaproyectos inmobiliarios, por lo que la bolsa de suelo debería acotarse a usos específicos y trabajar a nivel legislativo en la aprobación de la ley de ordenamiento territorial para establecer alturas y densidades de construcción.

En conferencia de prensa, Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica, y Armando Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, señalaron que de presentarse ambos proyectos para su aprobación se podrían impugnar ante el Poder Judicial.  

Tapia consideró que, por “prudencia”, la jefatura de Gobierno no debe presentarlos, pues al hacerlo correrán seis meses para que el Congreso los analice y apruebe, y de no hacerlo pasarán con una afirmativa ficta tal y como fueron enviados  

Hoy, destacó, un riesgo grave es que se deja en manos de las alcaldías la elaboración del censo de identificación de los asentamientos ubicados dentro de su demarcación y la zonificación secundaria predio por predio.  

Ello abre la posibilidad de acuerdos políticos y clientelares para determinar cuáles son susceptibles de regularizarse o reubicarse; mientras, la bolsa de suelo que se propone crear parece más un catálogo de suelo negociado políticamente, advirtió.

Los usos de suelo “no se deben satanizar, sino actualizar aplicando la ley hacia el futuro y no a partir de acuerdos por voto o dinero”, afirmó al coincidir con Rosales en la necesidad de que se nombre al nuevo director del Instituto de Planeación.