En lo que va del sexenio, el padrón del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores aumentó en 6.3 millones de derechohabientes, al pasar de 5.1 a 11.4 millones, sostuvo Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar.
Este apoyo es universal, es decir, tienen derecho a él todos los ciudadanos mayores de 65 años a partir de esta administración federal, independientemente de si reciben pensión por años cotizados con su institución de seguridad social o de su situación económica.
Para pagarles, la administración federal ha destinado 975 mil millones de pesos, de los cuales 339 mil 441 corresponden a 2023, en que cada beneficiario recibe al bimestre 4 mil 800 pesos. De enero a marzo se habían ejercido poco más de 113 mil millones de pesos del presupuesto anual.
En los primeros meses de este año, la mayoría de estas personas recibió el recurso por medio de transferencia electrónica (76 por ciento) y al resto se le pagó en efectivo.
Montiel destacó que el gobierno destina una inversión social de casi un billón de pesos a ese sector y que este sistema no contributivo y de carácter universal es el más grande de América Latina.
La funcionaria aseguró que la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores “siempre fue una prioridad del gobierno”, luego de permanecer cinco años en el olvido por parte de la pasada administración federal y el Senado. Dicho acuerdo fue adoptado en Washington en junio de 2015 y desde esa fecha lo han signado Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay, entre otros de América Latina.
De acuerdo con datos de la dependencia, en el primer trimestre de este año hubo 424 mil 796 incorporaciones al programa y 53 por ciento son mujeres. Esta pensión cuenta con comités de contraloría social y hasta marzo estaban conformados 7 mil 910, lo que representa un avance de 111 por ciento, respecto a la meta anual.
Dichas instancias están integradas por beneficiarios y auxiliares registrados en el programa, quienes realizan labores de seguimiento, supervisión y vigilancia al cumplimiento de las metas y acciones comprometidas, así como la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al esquema.
