Madrid. La creciente inseguridad en América Latina, no sólo en países tradicionalmente violentos como Colombia o los de Centroamérica, sino ahora en otros como Ecuador, está íntimamente vinculada al elevado número de armas de fuego que inundan el continente pese a tener leyes más estrictas al respecto de la tenencia, si se compara con Estados Unidos, de donde procede buena parte del arsenal.

La tasa de homicidios en la región ha ido en aumento en los años recientes. Según los datos de 2022, recogidos por el portal especializado Insight Crime, Venezuela registró la tasa más alta, con 40.4 por cada 100 mil habitantes, seguido por Honduras, con 35.8; Colombia, 26.1; Ecuador, 25.9; y México, 25.2.

“Un factor clave detrás de esta epidemia de violencia armada es el desvío, y el tráfico ilícito, de armas pequeñas y ligeras en toda la región”, subraya Carina Solmirano, experta al frente del Observatorio del Tratado de Comercio de Armas (ATT Monitor, en inglés) en Control Arms, una coalición de organizaciones que apuestan por un mayor control en un artículo para Americas Quarterly.

Precisamente, el más reciente informe elaborado en 2018 por el ATT Monitor pone de manifiesto que más de 75 por ciento de los homicidios en la región implican armas de fuego, muy lejos de la media mundial de 40 por ciento. Además, en América Latina están 10 de los 15 países con las tasas de homicidio más altas fuera de un conflicto armado.

De acuerdo con las estimaciones de 2018 en Small Arms Survey, ese año había en la región 60 millones de armas en manos de la población civil, con 17.5 millones en Brasil y 16.8 millones en México, buena parte de las cuales no están registradas legalmente.

Hay que añadir alrededor de 8.8 millones de piezas que equipan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y la cifra aún no calculada de las que disponen las empresas de seguridad privada, un negocio en auge en América Latina.

“Los millones de armas ilegales que circulan en la región y el persistente tráfico entre países y desde Estados Unidos ha permitido que las actividades de organizaciones criminales se expandan y ha hecho que sus maniobras sean aún más violentas”, denuncia Solmirano, vinculando los crecientes niveles de hechos en los que están relacionados balaceras y tráfico de drogas en el hemisferio.

La procedencia de las pistolas ilegales que circulan por América Latina es diversa, en función del momento y la forma en la que se produzca su desvío de los cauces legales. Gran parte de ellas tiene su origen en los conflictos armados que asolaron hace décadas países como Guatemala, El Salvador o Nicaragua. Según el citado informe de ATT Monitor, al término de la guerra civil en El Salvador se estima que unas 360 mil armas de tipo militar no fueron localizadas. No obstante, Estados Unidos es la principal fuente de este mercado negro. En muchos de los casos, según explica ATT Monitor, una persona adquiere armamento legalmente en Estados Unidos, pero luego lo saca de forma ilegal, principalmente hacia México, pero también hacia otros países de la región.

En los cálculos del estudio, unas 253 mil armas de fuego compradas mediante estos “hombres de paja” cruzaron la frontera entre los dos países cada año entre 2010-2012. Además, 70 por ciento del arsenal incautado por las autoridades mexicanas entre 2009 y 2014 tuvieron su origen en Estados Unidos, más de 73 mil, lo que confirma el alcance de este negocio furtivo.

Otra de las vías para el comercio ilegal de armas es la falsificación de certificados de usuario final o el uso no autorizado de éstos.

En conflictos como el vivido en Colombia se constataron casos en los que compras a priori legales se desviaron hacia grupos armados al usar certificados falsificados ante funcionarios comprados.

La corrupción, uno de los problemas endémicos del continente, juega un papel clave en todo este proceso. Efectivos de las fuerzas de seguridad y funcionarios corruptos han hecho que los arsenales estatales se hayan convertido en una importante fuente de suministro para grupos armados y narcos en América Latina.

La proliferación de empresas de seguridad privada en la región contribuye al tráfico ilegal de armamento.

ATT Monitor considera que hay unas 16 mil empresas que emplean a 2.4 millones de personas.

El desvío de armas pequeñas y ligeras “sigue siendo un problema serio en América Latina y el Caribe”, indica el grupo de analistas, que reconoce la complejidad de hacerle frente y advierte que no es responsabilidad exclusiva de estos países, incidiendo en particular en el rol de las naciones exportadoras por asegurarse del destino final de sus ventas y en particular Estados Unidos.

El costo de la criminalidad

La violencia tiene un importante costo económico para estos países. Según un estudio de 2017 del Banco Interamericano de Desarrollo, la delincuencia causa a América Latina gastos equivalentes a 3 por ciento de su PIB, en un rango que va desde 2.42 por ciento hasta 3.55 y los países de Centroamérica salen peor parados, ya que el costo es el doble de la media regional.

Esto se traduce en una “factura” total de hasta 236 mil millones de dólares y una media de 300 dólares per cápita en los 17 países analizados. Tal y como advierte Solmirano, “es muy probable que estos costos sean muy superiores si se volvieran a medir las mismas variables”, habida cuenta de que América Latina fue de las regiones más castigadas por la pandemia del covid-19.