De la autosuficiencia en fertilizantes, México pasó a la dependencia total del mercado externo, pues, sin más, en 1991 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari decretó que este sector “no es estratégico” para el país y privatizó Fertimex (para venderla la “dividió” en 13 unidades y las entregó a precio de regalo: 317 millones de dólares por todas), con lo que nuestro país se convirtió en importador neto de estos productos de vital importancia para el campo y, desde luego, la nación. Peor aún, los empresarios beneficiados por esa alegre decisión quebraron las unidades de la ex paraestatal que quedaron bajo su control, poco después cerraron y chatarrizaron las plantas, y algunos de ellos las “regresaron” al Estado mediante operaciones fraudulentas, como Alonso Ancira Elizondo (Agronitrogenados) en contubernio con Emilio Lozoya.

Valga lo anterior para contextualizar la información publicada ayer por La Jornada (Alejandro Alegría): “más de dos terceras partes de los fertilizantes que reciben los pequeños productores son elaborados por Petróleos Mexicanos, luego del rescate de dos plantas productoras, de acuerdo con datos de la empresa estatal. La oferta de abono en el país aumentó en 2022, después de que la petrolera comenzó la rehabilitación de ProAgroindustria –antes Agronitrogenados– y Grupo Fertinal. El año pasado Pemex produjo 839 mil toneladas de fertilizantes, de este monto 764 mil toneladas, que representa 91.06 por ciento del total, fue elaborado en las plantas que por 21 años estuvieron paradas. Hoy, 70 por ciento del programa de fertilizantes para los pequeños productores de todo el país lo produce Pemex y el próximo año será 100 por ciento. La distribución se realiza sin costo a través del programa de apoyo a productores que cuentan con menos de cinco hectáreas”.

Ahora, México sólo importa 30 por ciento de los fertilizantes y en su mayoría estos provienen de Rusia (36 por ciento del total), pero el gobierno estima que para 2024 nuestro país retome la autosuficiencia, luego de tres décadas de privatización salvaje.

Decía Salinas de Gortari que “los bienes públicos (son) para remediar los males sociales” y aseguraba que “privatizamos por necesidad, no por obedecer a una posición ideológica” (el chiste es malísimo) y las empresas del Estado se fueron como hilo de media. Como parte de esa política, México se quedó sin fertilizantes nacionales, se abandonó al campo y, en consecuencia, la dependencia alimentaria del exterior se incrementó a paso veloz, a grado tal que hoy alrededor de la mitad de los alimentos que los mexicanos ponen en sus mesas proviene del exterior.

Y el rotundo fracaso (para el país, no para la oligarquía) de la privatización no se limitó a los fertilizantes (Fertimex producía más de 3 millones de toneladas al año). Se registró en todos los sectores privatizados, cuyos beneficiarios en no pocas ocasiones fueron generosamente “rescatados” por el erario (no sólo fue el bancario), lo que tira al suelo la idílica versión de que la iniciativa privada “es mejor administradora que el Estado” (y los neoliberales repitieron, repiten, el estribillo hasta la ignominia).

De ello da cuenta el desglose que hizo el “príncipe” de las privatizaciones, Jacques Rogozinski (con Carlos Salinas de Gortari, director de la Unidad de Desincorporación de Entidades Paraestatales de la Secretaría de Hacienda, bajo la batuta de Pedro Aspe) sobre el “desmedido” crecimiento en el número de paraestatales: “el Estado absorbió, a partir de los años 60, y con mayor énfasis en los 70, del siglo pasado, alrededor de 350 empresas –privadas– en condiciones financieras desfavorables”, es decir, el aumento se debió “principalmente por la absorción de compañías del sector privado con problemas financieros y de eficiencia” ( La privatización de empresas estatales, Fondo de Cultura Económica, 1993).

A lo largo de los 36 años, los gobiernos neoliberales vendieron el cuento que el Estado acumuló (hasta diciembre de 1982) mil 155 entidades paraestatales, pero de ese total (el dato lo aporta el propio Salinas de Gortari) 822 eran empresas productivas, 231 fideicomisos (muchos de ellos desaparecidos) y 102 organismos descentralizados.

Entonces, del inventario de empresas paraestatales, 43 por ciento correspondía a “rescates” públicos de consorcios privados; el gobierno pagó a sus propietarios, solo para “sanearlos”, asumir sus deudas y regresarlos limpios a un precio de ganga.

Las rebanadas del pastel

Eso sí, “la iniciativa privada es mejor administradora…”

Twitter: @cafevega