Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Alcaldías del Congreso local presentaron un dictamen que desecha la propuesta de Morena de mantener en 10 el número de concejales en cada demarcación, pese a que el objetivo es hacer eficientes recursos económicos y no incrementar la burocracia.
El presidente de las comisiones unidas, Diego Garrido López, del Partido Acción Nacional (PAN), explicó que la reforma restaría representación política a la ciudadanía, pues la Constitución Política de la Ciudad de México ordena el incremento de hasta 15 concejales en demarcaciones con mayor población, como Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
De no aprobar la reforma, el número de concejales en la Ciudad de México incrementaría de 150 a 204, lo que implica un aumento del gasto al erario, que pasaría de 67.6 millones a 86.2 millones de pesos, sólo por concepto de salarios, a partir de la elección de 2024.
Durante la sesión, el diputado de Morena Alberto Martínez Urincho pidió a Garrido redictaminar la reforma, pues, a su consideración, no se vulneran los derechos político-electorales de la ciudadanía. Pese a la negativa de los panistas, las comisiones se declararon en sesión permanente por mayoría, a fin de aprobar una nueva propuesta de dictamen antes del 31 de mayo, fecha en que concluye el periodo ordinario de sesiones.
Habría más carga al erario
La propuesta de reforma de la diputada de Morena Yuriri Ayala Zúñiga advierte que si se incrementa el número de circunscripciones en las demarcaciones territoriales se demandarían mayores recursos a la administración pública local, pues provocaría un aumento de la burocracia en las alcaldías, e incluso generaría incertidumbre en el electorado, “que después de dos comicios identifica que son 10 las concejalías”.
Su propuesta de reforma es modificar el artículo 53 constitucional para mantener en 10 concejales cada alcaldía, así como eliminar tres numerales que establecen que el número de concejales dependerá del número de habitantes en cada demarcación.
Al tratarse de una reforma constitucional, se requiere la votación de dos terceras partes del pleno del Congreso de la ciudad.