Chilpancingo, Gro. Denuncian organizaciones víctimas de la guerra sucia en Guerrero, actos intimidatorios y de amedrentamiento en contra de sus integrantes “ante los citatorios de imputación que se hacían a un compañero y una compañera del Movimiento por la Verdad y la Justicia de Familiares de Personas Desaparecidas de la “Guerra Sucia” de los años 60s, 70s y 80s del Siglo Pasado en el estado de Guerrero, para presentarse en los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur para manifestar lo que a derecho convenga respecto a los hechos imputados a su persona y se aporten datos de prueba, manifestamos que en dicho oficio no se les dice de que están siendo imputados, además de ser enviados por vía correo electrónico”.

Este día mediante un manifiesto firmado por el Centro de Atención Integral (CAI – CEAV, y por el Movimiento por la Verdad y la Justicia de Familiares de Personas Desaparecidas de la “Guerra Sucia” de los años 60s, 70s y 80s del Siglo Pasado en el Estado de Guerrero, y dirigido a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990; y al presidente Andrés Manuel López Obrador, responsabilizaron “a las diversas autoridades por su falta de respeto a nuestros derechos humanos, ante la denuncia a nuestros compañeros víctimas de “Guerra Sucia”, debidamente acreditadas con su RENAVI (Registro nacional de víctimas). Esto sólo muestra su falta de voluntad e incumplimiento a nuestros derechos que como víctimas contamos”.

También “hemos estado secuestrados por las fuerzas policiacas, el día 14 de marzo del presente año, cuando nos encontrábamos a bordo de nuestro medio de transporte (autobús). Nos mantuvieron alrededor de más de 3 horas arriba del autobús sin poder avanzar, provocando en muchas compañeras y compañeros repercusión en su salud, al grado de llamar a una ambulancia para que los paramédicos nos atendieran. En esa ocasión acudió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sin embargo, nos mantuvieron en un hotel encerrados esperando una respuesta a favor de que Gobernación, la CEAV, la SEDENA y la CNB atendieran nuestras demandas).

Hoy la CNDH “es muda a nuestros citatorios que fueron enviados vía correo electrónico. El funcionario de la mesa Especial que atiende casos de la “Guerra Sucia”, Francisco Estrada, solo comenta “Es una pena”. No aceptamos se nos revictimice. Anexamos los mensajes vía WhatsApp”.

Lamentaron que “hasta este momento no hay nada de avance en nuestra búsqueda por nuestros seres queridos. Las instituciones siempre son contrarias a la justicia y libertad de familias de personas detenidas desaparecidas por el mismo Estado represor. Llamamos a solidarizarse con nuestro movimiento, a colectivos y organizaciones que luchan y resisten en defensa de sus derechos, por conocer el paradero de sus familiares que el mismo Estado - gobierno ha creado las condiciones para que esto pase con sus gobiernos serviles”.

Denunciamos que este gobierno sea del color que sea “sigue mostrando con su doble discurso falso que cuando el pueblo lucha y resiste por sus derechos se es reprimido por su brazo armado como lo presenciamos en nuestras jornadas de lucha, con bloqueos, mitin, marchas y actualmente la toma del CAI de la CEAV de la Ciudad de México”.

Responsabilizamos a “Alejandro Encinas Rodríguez Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y quien también es presidente de la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 y a su equipo técnico, a Martha Yuriria Rodríguez Estrada Titular de la CEAV, por la situación actual que en nuestro movimiento estamos presentando”.

Al presidente López Obrador “le volvemos a recordar que le solicitamos una audiencia con nuestro colectivo y nos dé una respuesta de todo lo que se ha venido presentando en contra de nuestro movimiento. Solicitamos una mesa resolutiva y no más amedrantamiento y penalizaciones a la protesta social”, concluye.