Ensenada, BC. Científicos, académicos y algunos estudiantes del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC ) y la UNAM, entre otras instituciones, realizaron una protesta en esta ciudad contra la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de mayo.

La protesta inició en la explanada del CEARTE y continuó a lo largo del bulevar Costero, y se sumó a las marchas que en el mismo sentido realizaron comunidades de instituciones públicas y privadas en la Ciudad de México y otros estados.

“Las comunidades académicas pugnamos por una ciencia para todos; que Ensenada siga fortaleciéndose como un polo de formación académica, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, que tiene incidencia a nivel local, regional, nacional e internacional y que contribuye a la solución de problemas de interés público y que la investigación se ejerza con libertad y sin ideologías”, señalaron los participantes en un comunicado a la comunidad.

La nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), se aprobó, dijeron, sin concluir los siete foros de Parlamento Abierto (sólo se realizaron dos) a los que se habían comprometido las comisiones unidas de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, “haciendo caso omiso de las múltiples propuestas y preocupaciones de las comunidades académicas y de los sectores social y privado relacionados con el tema”.

Entre las preocupaciones que expresó la comunidad académica destacan:

• La nueva ley de ciencia centraliza las decisiones en el ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, y Tecnologías (CONAHCYT), lo cual es contrario a la investigación que se realiza en todo México gracias a la política de descentralización de esta actividad en la década de los 70´s, que creó centros públicos de investigación a nivel nacional.

• La Junta de Gobierno del CONAHCYT, máximo órgano de decisión en política científica, quedó integrada por la dirección general del Consejo –siendo juez y parte–, 13 secretarías de Estado, entre otras, de la Defensa Nacional, de Marina, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Al incluir solamente a investigadores invitados por la misma dirección del Consejo, se deja a la comunidad científica sin voz ni voto de este importante órgano de decisión.

• La nueva ley obliga la cesión de propiedad intelectual al CONAHCYT, por lo cual las patentes y sus derechos de explotación serán del Consejo y no de las instituciones que las generan.

• La nueva ley de ciencia restringe la libertad de los Centros Públicos de Investigación, que son patrimonio de México, para atender los problemas locales.

• El otorgamiento de financiamiento y becas priorizará a quienes trabajen en las líneas prioritarias definidas por el gobierno, mientras que las demás no son consideradas relevantes.

• Ha y ausencia de una fiscalización y rendición de cuentas porque el Órgano Interno Consultivo es controlado por el CONAHCYT.