A la iniciativa del presidente del Senado, Alejandro Armenta, que propone reformar la Constitución a fin de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por el voto popular y no designados, se sumó otra en igual sentido del diputado de Morena Manuel Robles Gómez, quien la presentó ante la Comisión Permanente.

Ambos coincidieron en que pese a que Morena y sus aliados no cuentan con mayoría calificada para aprobar modificaciones a la Carta Magna, es importante que las iniciativas estén ya en el Congreso.

El senador Armenta precisó que a pesar del enojo de la presidenta de la Corte, Norma Piña, por sus propuestas para sanear el Poder Judicial y por sus críticas al actuar de jueces, magistrados y ministros, seguirá adelante.

Por su parte, en la sesión del pasado miércoles de la Comisión Permanente, el diputado Robles Gómez presentó la iniciativa que modifica los artículos 96 y 97 de la Carta Magna, para la elección de los ministros de la SCJN por el voto popular directo y universal.

Deja fuera al Senado

A diferencia de lo que ahora ocurre, que todo el proceso de designación corre a cargo del Senado, Robles Gómez lo deja fuera y da un papel preponderante a la Cámara de Diputados.

En la exposición de motivos de su iniciativa señala que de los tres poderes de la Unión, el Judicial es el que menos está bajo el escrutinio público, lo que ha ocasionado que sus niveles de corrupción se incrementen.

Además, la forma en que se elige a los ministros de la Corte implica un acuerdo cupular, con lo cual los togados terminaban “debiendo el favor” a quien los propuso; es decir, al presidente de la República, y a quien los ratificó: el Senado.

En su propuesta se contempla un Comité Técnico de Evaluación, integrado por siete personas “de reconocido prestigio e intachable calidad moral”, que deberán ser dos nombrados por el titular del Ejecutivo, uno por el pleno de la SCJN, otro más por el Consejo de la Judicatura Federal, otro por el Senado y dos por la Cámara de Diputados.

Ese comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, seleccionará a los mejor evaluados y mandará la lista al Instituto Nacional Electoral, que ordenará, en un plazo no mayor a tres meses, la realización del proceso electoral.

Se plantea que los ministros durarán cuatro años en el ejercicio de su encargo y sólo podrán ser ratificados por un periodo más.