Madrid. Las campañas electorales de cara a los comicios municipales y autonómicos de mañana llegaron a su fin ayer, con actos multitudinarios de los principales partidos, pero en medio de varios escándalos por presunto fraude electoral, que afectan sobre todo al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La Fiscalía y la Policía Nacional tienen abiertas investigaciones en siete comunidades autónomas: Andalucía, Melilla Cataluña, Islas Canarias, Murcia, Castilla y León y Extremadura.

Están convocados a las urnas los ciudadanos españoles y residentes para renovar a las autoridades municipales y las autonómicas de 13 de las 17 regiones.

La campaña electoral estuvo marcada por el cruce de acusaciones hasta hace cuatro días, cuando estalló el primer presunto caso de fraude electoral, en Melilla, y que afecta sobre todo al partido Coalición por Melilla, que tiene vínculos con las formaciones de izquierda Sumar y Compromís.

A partir de ahí, saltaron más: un presunto soborno a un trabajador de Correos en Barcelona para mover los papeles electorales, los casos de Almería y Murcia, en los que se detuvo y vinculó a cuatro importantes dirigentes regionales del PSOE, incluidos dos candidatos.

Luego se abrió una pesquisa en la isla de La Gomera, en Canarias, que involucra a una agrupación socialista sin vínculos con el PSOE. Finalmente, dos casos más en pequeñas localidades de Castilla y León y Extremadura, denunciados por el PSOE y en los que señalan al Partido Popular (PP), pero de los que todavía no hay una investigación.

En total, hay 32 detenidos, todos ellos señalados por intento de soborno para comprar el voto a ciudadanos, en su mayoría pobres, ya que acudían a barrios o colectivos de migrantes en situación de vulnerabilidad o en el caso de Melilla, a traficantes minoristas de droga.

Sólo en Melilla se calcula que la trama fue capaz de comprar el sufragio por correo de 8 mil ciudadanos; de hecho más de la mitad del voto que solicitado por correo en Melilla fue anulado; es decir, que de las 11 mil 727 peticiones –casi 20 por ciento del censo electoral–, sólo votaron 5 mil 814, gracias a la intervención policial.

En Murcia y Almería, la policía sospecha que la trama liderada por dirigentes del PSOE compraban los votos al ofrecer entre 200 y 250 euros por cada uno, pero también drogas, contratos públicos y hasta trabajos en el Ayuntamiento.

En Cáceres y Zamora, el PSOE denunció ante la Fiscalía un presunto delito electoral en Casares de las Hurdes, en contra de Miguel Ángel Domínguez, concejal y teniente alcalde de la citada localidad del PP y que, según señala el escrito, habría coaccionado a varios vecinos para que le dieran a él directamente el voto por correo. Además, el Partido Socialista de Zamora denunció ante la Guardia Civil al edil del pueblo de Moraleja de Sagayo y candidato por la formación Zamora Sí, Ángel Villamor, por una posible irregularidad en los sufragios postales.