Lima. El pleno del Congreso de Perú aprobó el informe final de la Comisión deFiscalización, que recomienda denunciar constitucionalmente al depuesto presidente Pedro Castillo, en esta ocasión por supuestos delitos de corrupción en la puesta en marcha de una serie de proyectos de inversión en tres localidades rurales.

La iniciativa, que contó con 61 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones, sostiene que Castillo estaría al frente de una organización criminal en la que también estaría incluida su esposa, Lilia Paredes Navarro, para quien la fiscalía ha pedido recientemente ocho años de cárcel por estos hechos.

Castillo, según esta comisión, habría incurrido en los delitos de colusión, tráfico de influencias y actividades incompatibles con el cargo, al ejecutar, bajo un decreto de urgencia, varios proyectos de inversión en los municipios de Anguía, Chachapoyas y Chadín, informó el diario La República.

Según el presidente de esta comisión, el congresista de Fuerza Popular Héctor Ventura, hay “elementos indiciarios” de que Castillo habría recibido un millón 90 mil dólares, según la versión de otro de los investigados, el que fuera asesor del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo Alcántara.

Por estos mismos cargos también se recomienda la denuncia del que fuera su ministro de Vivienda, Geiner Alvarado López. El resto de participantes en esta supuesta red criminal son el ya mencionado Marrufo Alcántara, el ex alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, y el investigado Hugo Espino Lucana.

Por otro lado, la Fiscalía de la Nación reprogramó ayer para el 6 de junio la citación a la mandataria Dina Boluarte para que declare en una investigación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las recientes protestas antigubernamentales que dejaron 54 muertos, tras la destitución de su antecesor, Pedro Castillo.

La presidenta fue convocada el día 31, pero en esa fecha participará en una actividad oficial pactada semanas atrás, por ello la fiscalía postergó una semana la cita y ahora será el 6 de junio.

“Se ha reprogramado la audiencia del 31 de mayo por el simulacro de sismo, voy a acudir al Ministerio Público y no me voy a acoger al derecho al silencio”, sostuvo Boluarte a la prensa. La fiscalía la investiga por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Fue interrogada por primera vez en marzo.

El caso se abrió en enero por “las muertes de ciudadanos durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023”.