Ciudad de México. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala–México (MTMG) y el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, exigieron “al Estado mexicano y a las autoridades correspondientes que intervengan de manera urgente para frenar la violencia y el terror que se viven en la región frontera de Chiapas”.

Señalaron que “particularmente grave es lo que sucede en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Amatenango de la Frontera, donde hay comunidades enteras incomunicadas por bloqueos de carreteras y caminos, suspensión de clases en las escuelas, cortes de luz eléctrica que incomunican a la población, quema de vehículos, instalación de una narcomanta, enfrentamientos armados, amenazas de allanamiento de morada para revisión de teléfonos celulares, secuestros, reclutamiento forzado de los hombres de las comunidades para integrarlos a sus filas y muerte a quienes oponen alguna resistencia”.

En un comunicado manifestaron que “los conflictos por el control territorial entre diferentes grupos del crimen organizado en la región frontera de Chiapas, que llevan dos años, han traído consecuencias devastadoras para sus habitantes: robos, extorsiones, levantamiento de puestos de comercio y despojo de otros medios de vida, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado, amenazas de muerte, desplazamiento forzado, feminicidios y asesinatos”.

Agregaron que estas “agresiones se han convertido ahora en parte de su cotidianidad, viviendo el terror como mecanismo de control de la población y de sus territorios, por parte de estos grupos delictivos”, por lo que demandaron que “se garantice la seguridad e integridad de la población de Frontera Comalapa, Chicomuselo, Amatenango de la Frontera y La Trinitaria, ante violencia de grupos del crimen organizado”.

Los organismos citados denunciaron “la agresión física y el secuestro” que sufrió en Chicomuselo el jueves durante varias horas el defensor Milton Morales Zunún, “quien afortunadamente fue encontrado con vida” después de haber sido privado de su libertad.

El Movimiento Social por la Tierra (MST), al que pertenece, dijo por separado que Morales Zunún “fue privado de la libertad por un grupo armado cuando transitaba entre Frontera Comalapa y Chicomuselo buscando salir hacia Tuxtla Gutiérrez por la vía de La Concordia, debido al cierre de la carretera fronteriza por la violencia de los grupos criminales que han colapsado esa región”.

La agrupación recordó en un comunicado que “Milton había sido presionado y amenazado a mediados de 2022 por este grupo delincuencial para que dejara de oponerse a la operación de las mineras en la región y su privación de la libertad se suma a la agresión a Isabel Recinos Trigueros a quien secuestraron, torturaron y dejaron gravemente lesionado el 30 de diciembre”.

Expresó que “por medio de la amenaza y la violencia contra el ejido de Nueva Morelia de Chicomuselo, el 19 de mayo ingresò maquinaria y transporte de cargade la minera BlackFire y/o Barita de Chiapas resguardados por sicarios armados con total impunidad, por lo que consideramos esas acciones como una ofensiva de las mineras para imponerse por medio de la violencia de la mano del crimen, con la permisividad, inacción y complicidad de las autoridades”.

Subrayó: “Esto se da justo cuando la violencia en la región fronteriza y sierra se ha generalizado, sobre todo en Frontera Comalapa, por la disputa de los grupos delincuenciales, lastimando gravemente a la población de la región a la que ha vuelto sus víctimas y carne de cañón, imponiéndoles cobro de derecho de piso y hoy el reclutamiento forzoso para el enfrentamiento armado”.

El MST demandó a los gobiernos federal y estatal “protección y garantías para Fredy Miltón Morales Zunún, su familia y nuestros compañeros representantes ejidales, comunitarios agredidos y amenazados por la violencia de las mineras y el crimen asociado con ellas”, al tiempo que exigió “el cese total de la actividad minera y la protección a la madre tierra y por lo tanto la cancelación de los permisos y concesiones en la región y la salida de estas empresas”.