Morelia, Mich., La destitución del ex auditor de Michoacán Miguel Ángel Aguirre Abellaneda se legalizó con la publicación del cese en el Periódico Oficial del estado en la edición nocturna del jueves pasado; se adelantó al amparo que el afectado había pedido para tratar de impedir su remoción.

En medios electrónicos locales se difundió que el juez séptimo de distrito José Ramón Rocha González otorgó amparo al auditor y ordenó suspender la medida; sin embargo, no procedió porque el Congreso local se adelantó, previendo esa jugada jurídica de Aguirre Abellaneda.

Antes, con 25 votos a favor y 11 en contra, la legislatura aprobó la remoción del funcionario, por haber violentado los principios constitucionales de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

En tanto, la Secretaría de Gobierno estatal informó que en el número 396 de la edición del órgano legal del Ejecutivo se establece: “Se remueve de su cargo a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. A partir de la aprobación del presente decreto concluye sus funciones como titular de la Auditoría Superior de Michoacán”.

Aguirre también tiene abierta en su contra una solicitud de juicio político en el Congreso michoacano. El gobernador Alfredo Ramírez declaró que la destitución del “auditor de Silvano Aureoles Conejo” es un paso más para limpiar la corrupción que requiere Michoacán luego de años de desfalcos y actos de ilegalidad institucional.

Durante la gestión de Aguirre Abellaneda se cometieron irregularidades sistemáticas de encubrimiento, omisión y usurpación de funciones que desembocaron en procesos de fiscalización deficientes, por lo que seguramente se solicitaría acción penal, dijo la presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo local, Julieta García.

El ex auditor fue acusado de corrupción, ya que, entre otros actos, formó una estructura “a modo” que le permitió controlar a los auditores municipales. Además, encubrió irregularidades en diferentes obras del gobierno como la renta y compra de siete cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública, a lo que se destinaron más de 5 mil millones de pesos, con pésima calidad de construcción, a decir del titular de Seguridad Pública local, José Alfredo Ortega, quien agregó que en esa transacción no se invirtió ni 40 por ciento de los recursos destinados.