El segundo tribunal colegiado en materia administrativa declaró infundados los recursos de queja que interpusieron la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado y la Comisión Permanente, el cual impugnaba el fallo de la jueza federal que les ordenó convocar a un periodo extra de sesiones para designar a uno de los tres comisionados pendientes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con lo cual el organismo podría reanudar sesiones.

En sesión extraordinaria, ayer por la tarde, los magistrados confirmaron el fallo de Celina Quintero Rico, titular del juzgado 17 de distrito en materia administrativa, al argumentar que no se excedió en sus atribuciones, y que fue correcto conceder la suspensión ante la omisión del Senado para nombrar un comisionado del INAI.

“Era correcto que la jueza concediera la suspensión respecto de un acto omisivo, puesto que ya la jurisprudencia de la Corte ha evolucionado y es permisible otorgar la suspensión contra actos omisivos con efectos que pudiesen ser restitutorios, por lo que puede darse un adelanto de los efectos de la concesión del amparo. Por otro lado, se considera que tampoco le asiste la razón a la recurrente cuando manifiesta que la jueza de distrito se excedió en las atribuciones al momento de dictar el auto recurrido”, señaló el magistrado Humberto Suárez Camacho, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución.

Con la determinación del tribunal, la Jucopo tiene tres días para elaborar la propuesta de los candidatos al puesto de comisionado del INAI por lo que hace a la segunda vacante, mientras que la Comisión Permanente contará con tres días para publicar la convocatoria para el periodo extraordinario.

El fallo se dio unas horas después de que el juez de distrito informó que la Jucopo y la Permanente apelaron el fallo que les ordenaba convocar a un periodo extra para nombrar al comisionado del Inai. El recurso es el que promovió Francisco Ciscomani, integrante del Consejo Consultivo del organismo público autónomo, el cual también reclama dicho nombramiento.