Madrid. Las campañas electorales de cara a los comicios municipales y autonómicos del próximo domingo llegaron a su fin, con actos multitudinarios de los principales partidos pero también en medio de varios escándalos por presunto fraude electoral, que afectan sobre todo al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La Fiscalía y la Policía Nacional tienen abiertas sendas investigaciones en siete comunidades autónomas: Andalucía, Melilla Cataluña, Islas Canarias, Murcia, Castilla y León y Extremadura.

Este domingo están convocados a las urnas los ciudadanos españoles y residentes para renovar a las autoridades municipales y las autonómicas de 13 de las 17 regiones. La campaña electoral había estado marcada por la crispación y el cruce de acusaciones hasta hace cuatro días, cuando estalló el primer presunto caso de fraude electoral, que fue en la ciudad autónoma de Melilla y que afecta sobre todo al partido Coalición por Melilla, que tiene vínculos con las formaciones de izquierda Sumar y Compromis.

A partir de ahí saltaron el resto de casos: primero sobre la investigación de un presunto soborno a un trabajador de Correos en Barcelona para mover las papeles electorales, después vinieron los casos de Almería y Murcia, en las que se detuvo y vinculó a cuatro importantes dirigentes regionales del PSOE, incluidos dos de ellos que formaban parte prominente de las listas electorales. Después se abrió una nueva investigación en la isla de La Gomera, en Canarias, en la que está involucrada una agrupación socialista pero que no tiene vínculos orgánicos con el PSOE. Y, finalmente, dos casos más en pequeñas localidades de Castilla y León y Extremadura, que fueron denunciados por el PSOE y en los que señalan al PP, pero de los que todavía no hay una investigación judicial ni policial.

En total hay 32 personas detenidas, todas ellas señaladas por intento de soborno para comprar el voto a ciudadanos en su mayoría pobres y en situación de marginalidad, ya que acudían a barrios o colectivos de migrantes en situación de vulnerabilidad o, en el caso de Melilla, a traficantes minoristas de droga. Sólo en la ciudad de Melilla se calcula que la trama fue capaz de comprar el voto por correo de ocho mil ciudadanos; de hecho más de la mitad del voto que se solicitó por correo en Melilla se quedó sin efecto. Es decir, que de las 11 mil 727 peticiones que hubo -casi un 20 por ciento del censo electoral-, sólo votaron cinco mil 814, gracias precisamente a la intervención policial.

En los casos de Murcia y Almería, la policía sospecha que la trama liderada por dirigentes del PSOE compraban los votos con dinero, al ofrecer entre 200 y 250 euros por cada uno, pero también ofrecían drogas, contratos públicos de cara al futuro y hasta trabajos en el Ayuntamiento.

En relación a los casos de Cáceres y Zamora, el PSOE denunció ante la Fiscalía un presunto fraude en Casares de las Hurdes. La denuncia va en contra de Miguel Ángel Domínguez, concejal y teniente alcalde de la citada localidad del PP y que, según señala el escrito, habría coaccionado a varios vecinos para que le dieran a él directamente el voto por correo que habían recibido. Además, el Partido Socialista de Zamora denunció ante la Guardia Civil al alcalde del pueblo de Moraleja de Sagayo y candidato por la formación Zamora Sí, Ángel Villamor, por una posible irregularidad en los votos por correo.

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, no se ha referido de forma explícito a los casos que afectan a su partido, pero en el acto de cierre de campaña, que celebró en Barcelona, el mandatario acusó al PP de querer “embarrar” la campaña: “Lo que quieren es que nos alejemos de las urnas, que no acudamos a nuestros centros electorales y por eso embarran la política, insultan, descalifican porque conocen muy bien las consecuencias del poder del voto”, afirmó.