Ciudad del Cabo. El expolicía Fulgence Kayishema, capturado esta semana en Sudáfrica por su presunta implicación en el genocidio de Ruanda de 1994, compareció el viernes ante un tribunal de Ciudad del Cabo, que debe decidir su extradición.

Kayishema, de 62 años, era hasta su detención el miércoles una de las cuatro últimas personas buscadas por su papel en ese genocidio, en el que unas 800 mil personas, en su mayoría tutsis, fueron asesinadas por extremistas hutus.

El acusado, prófugo desde hace 22 años, permaneció impasible ante los magistrados, con un libro de rezos en la mano.

Al llegar a la corte, bajo custodia de agentes protegidos con chalecos antibala, desmintió su participación en las matanzas de 1994, en respuesta a un periodista que lo interrogó al respecto.

"Había una guerra civil entonces y la gente se mataba entre sí. No tuve ningún papel" en esos hechos, afirmó.

Este exinspector de policía, nacido en 1961, deberá responder a los cargos de genocidio, complicidad en genocidio, conspiración para cometer un genocidio y crímenes contra la humanidad.

Se lo acusa en particular de haber asesinado, junto a otros individuos, a más de 2.000 hombres, mujeres y niños refugiados en la iglesia de Nyange, en el municipio de Kivumu, en torno al 15 de abril de 1994.

La policía sudafricana logró detenerlo el miércoles en una finca vinícola en Paarl, a unos 60 km de Ciudad del Cabo.

Kayishema fue puesto en detención provisional en una cárcel de alta seguridad en Ciudad del Cabo.

Según el ministerio de Justicia sudafricano, contactado por la AFP, debería ser extraditado rápidamente para ser juzgado en un tribunal internacional, en La Haya o en Arusha, Tanzania.

Numerosos ruandeses han sido condenados por la justicia de su país, tribunales internacionales o de países occidentales por hechos vinculados al genocidio de 1994, en que murieron hasta 800.000 personas, la mayoría de ellas tutsis.

Kayishema era objeto de una orden de captura emitida por el Mecanismo Internacional (MICT), que desde 2015 asumió la continuidad de la labor del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) creado por la ONU después del genocidio en ese pequeño país africano.

El TPIR ha condenado hasta el momento a 62 personas. Algunos de los sospechosos, como Augustin Bizimana, considerado como uno de los principales cerebros de la masacre, murieron sin haber comparecido ante la justicia internacional.