El Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos ya es reconocido como universidad por la Ley de Educación de la Ciudad de México.

El Congreso capitalino aprobó reformas a dicha ley propuestas por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en las que también se reconoce a la Universidad de la Salud como parte del sistema educativo local. Dichas instituciones serán públicas, gratuitas y se constituirán como organismos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyos recursos serán asignados con visión de largo plazo.

Además de su labor educativa, tendrán facultades de investigación a fin de promover la labor científica.

Al reconocer la educación como eje básico de la transformación social y democrática de la capital, una de las reformas considera el derecho de las niñas a utilizar uniforme neutro, ya sea falda o pantalón, tanto en escuelas públicas como privadas.

Asimismo, la red de Pilares se convertirá en un subsistema de educación comunitaria, cuyo director será designado por la persona titular de la Jefatura de Gobierno.

Para evitar confusiones, debido a que se eliminó el seguro de accidentes para estudiantes, se aprobó una reserva al dictamen para garantizar el otorgamiento de dicho seguro en los artículos transitorios de la ley.

Luego de que panistas criticaron una presunta falta de recursos para la educación, el diputado de Morena Carlos Mirón recordó que en las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón no se construyó ninguna escuela de educación media superior ni superior.

“Hoy los padres y madres de familia saben que sus hijos tendrán la posibilidad de tener una escuela digna y contar con apoyo económico para más de un millón 200 mil niños. Si esto lo comparamos entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no nos ven ni el polvo los sexenios de Fox y Calderón”.

Reformas electorales

Más tarde, el pleno aprobó modificaciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para garantizar la participación de personas y grupos de atención prioritaria en procesos electorales. Ahora los partidos políticos tendrán la obligación de registrar a personas de la diversidad sexual, indígenas, afrodescendientes, integrantes de pueblos originarios, con discapacidad y de la tercera edad en fórmulas de alta y media competitividad.

Asimismo, se avaló que personas en prisión preventiva sin sentencia firme puedan votar en procesos electorales; si bien la reforma se aprobó en lo general, quedó pendiente la votación en lo particular.