La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró ayer la constitucionalidad de dos reformas a la Carta Magna: la que señala la prohibición para ocupar cargos de representación popular y públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar o delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias (la llamada ley 3 de 3) y la reforma que disminuye de 21 a 18 años la edad mínima para ser diputado y de 30 a 25 para convertirse en secretario de Estado.

Entre aplausos de legisladoras e integrantes de colectivos feministas presentes, el presidente de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta, formuló la declaratoria de constitucionalidad de la ley 3 de 3 y turnó el decreto al Diario Oficial de la Federación, para su publicación y entrada en vigor.

Con ello concluye el proceso constitucional, ya que la reforma fue aprobada por ambas cámaras del Congreso federal y por 23 congresos estatales.

“La 3 de 3 llegó para quedarse” se leía en dos carteles colocados en la tribuna, mientras la mayoría de representantes de los grupos parlamentarios expresaron que para las mujeres es un día para celebrar.

Fue una ley controvertida, que encontró fuertes resistencias entre diputados y senadores con problemas de violencia familiar y en el pago de pensiones alimentarias. Ayer mismo el tema no estaba incluido en la Gaceta Parlamentaria, ya que faltaba la documentación de algunos congresos estatales, que al final llegaron.

Más tarde, ya en la discusión ante el pleno, Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, expresó que respalda toda iniciativa que proteja de la violencia a las mujeres, pero expuso preocupación por el riesgo de que “el corrupto y podrido Poder Judicial” utilice la ley 3 de 3 para acabar con las carreras políticas de integrantes de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, Malú Mícher, senadora de Morena, respondió que lo fundamental es que ningún deudor alimentario ni agresor de mujeres podrá ser candidato a legislador, presidente municipal o gobernador, ni ocupar cargo público alguno. “Un agresor no puede representar los intereses del país si no le interesan su familia y sus hijos y agrede a la persona a la que juró amar”, recalcó.

Igualmente, Aleyda Alavez, diputada de Morena y una de las impulsoras de la reforma, resaltó que la iniciativa se construyó en la pluralidad de ideas de ambas cámaras y adelantó que “la legislatura de la paridad” realizará más proyectos de este calado para que las mujeres vivan en entornos pacíficos e igualitarios.

Los deudores alimentarios y los agresores sexuales, agregó, no podrán ser registrados como candidatos para ningún puesto de elección popular ni ser nombrados para empleo, cargo o comisión en el servicio público.

“¡Tres de tres, ningún agresor al poder”, corearon los colectivos de mujeres en la zona de invitados, mientras legisladoras de Morena, PRI, PAN, PT, PRD y MC aplaudían.

Por otra parte, con el aval de 19 congresos estatales, la Comisión Permanente declaró la constitucionalidad de la reforma a los artículos 55 y 91 de la Carta Magna, que disminuye de 21 a 18 años la edad mínima para ocupar una diputación federal y de 30 a 25 años para ser secretario de despacho del gobierno federal. El decreto se turnó también al Diario Oficial para su publicación.