Washington. La agencia antidrogas DEA ha permitido a uno de los mayores distribuidores de fármacos de Estados Unidos seguir vendiendo analgésicos adictivos durante casi cuatro años, a pesar de la recomendación de un juez de retirarle la licencia por su “indiferencia negligente” ante miles de pedidos sospechosos que han alimentado la crisis de los opioides.

La DEA no respondió a las preguntas reiteradas de la agencia Ap sobre la forma en que manejó el caso de Morris & Dickson Co, ni la participación de un consultor de alto perfil que la empresa contrató para evitar sanciones y quien ahora es el segundo al mando de la directora de la DEA, Anne Milgram.

Sin embargo, el retraso ha suscitado dudas acerca de cómo esa “puerta giratoria” entre el gobierno y la industria farmacéutica puede estar afectando a la misión de la DEA de vigilar a las empresas del ramo señaladas de ser responsables de miles de muertes de estadunidenses por sobredosis.

“Si la DEA hubiera emitido su orden de manera oportuna, uno podría creer que su segundo al mando no estuvo involucrado, a pesar de un evidente conflicto de intereses”, recalca Craig Holman, experto en ética de la organización de vigilancia Public Citizen, con sede en Washington. “El simple hecho de que su acción se haya retrasado cuatro años sólo genera señales de alerta. Pone todo el proceso bajo sospechas graves”, agrega.

La semana pasada, después de que Ap se acercó a la DEA en busca de comentarios, la agencia rompió el silencio sobre el tema y notificó abruptamente a Morris & Dickson que decidió revocarle su licencia para distribuir sustancias controladas, según dos personas familiarizadas con el caso y que hablaron bajo condición de anonimato.

Sin embargo, aún no se ha publicado ninguna orden definitiva. La compañía ha descrito la revocación como una “virtual sentencia de muerte” para sus operaciones y es casi seguro que impugnará la decisión en un tribunal federal.

Louis Milione, quien fue nombrado subdirector de la DEA en 2021, no respondió a las solicitudes de comentarios. Se retiró de la agencia en 2017 después de una carrera histórica de 21 años que incluyó dos años al frente de la división que controla la venta de narcóticos altamente adictivos. Al igual que decenas de colegas en la poderosa, pero poco conocida Oficina de Control de Desvíos de la DEA, comenzó a trabajar de inmediato en su nuevo empleo de consultor para algunas de las mismas empresas a las que se le encomendó regular, incluida Morris & Dickson.

Dicha compañía contactó a Milione como parte de un contrato de 3 millones de dólares para salvar su licencia de suministro de analgésicos después de que la DEA la señaló en 2018 por no alertar sobre miles de pedidos sospechosos de gran volumen.

Al testificar en 2019 ante el juez federal de derecho administrativo Charles W. Dorman, Milione argumentó que Morris & Dickson “no escatimó en gastos” para revisar sus sistemas de cumplimiento, cancelar órdenes sospechosas y enviar diariamente correos electrónicos a la DEA explicando sus acciones.

Sin embargo, tales esfuerzos fueron insuficientes y tardíos, escribió el juez en una recomendación de 159 páginas que no ha sido reportada previamente y cuya copia obtuvo recientemente la agencia Ap. Cualquier cosa que no sea el castigo más severo, añadió, “comunicaría a las empresas registradas con la DEA que, a pesar de sus transgresiones, sin importar cuán atroces sean, recibirán un simple tirón de orejas y una segunda oportunidad siempre que reconozcan sus pecados y prometan no pecar más.

“La aceptación de responsabilidad y la evidencia de acciones de remedio no son tarjetas para salir de la cárcel que borran el daño causado por años de indiferencia negligente”, escribió Dorman. “Permitir que el demandado mantenga su registro les diría a los distribuidores que es aceptable adoptar un enfoque relajado ante las regulaciones de la DEA hasta que sean atrapados, momento en el cual sólo necesitarán arrojar millones de dólares al problema para que la DEA se aleje”.

Morris & Dickson–empresa con sede en Shreveport, Luisiana, y el cuarto más grande distribuidor mayorista de medicamentos del país con ingresos por 4 mil millones de dólares al año y casi 600 empleados– no respondió a las solicitudes de comentarios, pero ha afirmado en documentos judiciales que perder su licencia la obligaría a cerrar y que tendría un efecto “catastrófico” entre los estadunidenses enfermos en 29 estados.

Ni Milgram ni dos directores de la DEA que la precedieron han tomado ninguna medida de cumplimiento desde la recomendación de Dorman de 2019, lo que ha permitido que Morris & Dickson continúe operando, incluso mientras ha buscado un posible acuerdo.

La gestión de la DEA por parte de Milgram también ha sido cuestionada en otro frente. Ap informó el mes pasado que un organismo de control federal investiga si la agencia otorgó indebidamente millones de dólares para contratar a ex socios de Milgram sin licitación.

Morris & Dickson ya había sido amonestada antes por su manejo inadecuado de fármacos adictivos.

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