El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una investigación “exhaustiva e inmediata” sobre el espionaje de que fue objeto el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien también es presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
Recordó que este hecho se suma “a la ya conocida interceptación y espionaje de las comunicaciones de los padres de los 43 desaparecidos, y de las víctimas del caso”, así como sus abogados representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y de otras personas, con el software Pegasus.
“Dado que estos hechos coinciden con diversas épocas donde se han realizado señalamientos de responsabilidad institucional dentro del caso de los 43 normalistas, consideramos fundamental insistir en la realización de una investigación, que no necesita querella previa, exhaustiva sobre la responsabilidad de estos hechos que transgreden derechos a la libertad, la intimidad y otros, vulnerando a personas relevantes en la investigación del caso Ayotzinapa”, sostuvo.
Enfatizó que es necesario tomar en serio lo sucedido y que en la indagatoria se consideren todas las medidas “para proteger la intimidad, la información y la integridad” de las personas espiadas, “demostrando así, de una vez por todas, desde el Estado, que estas prácticas, además de ser ilícitas, son inaceptables”.
En un pronunciamiento, el GIEI expresó que el espionaje contra Encinas y dos de sus asesores, que según el diario The New York Times ocurrió mientras el subsecretario investigaba abusos de las fuerzas armadas, y “la recurrencia y ampliación de acciones de interceptación de comunicaciones de personas relacionadas con la investigación del caso Ayotzinapa”, constituyen “hechos gravísimos, los cuales muestran que, a pesar de los compromisos públicos, instituciones del Estado no han evitado, y por el contrario, siguen permitiendo el uso de Pegasus”.
Ángela Buitrago y Carlos Beristain recordaron que el GIEI fue objeto de espionaje con procedimientos similares en el gobierno anterior. “Todo esto, en lugar de mostrar compromiso de esas instituciones con el esclarecimiento del caso, como señaló el GIEI en su último informe (las fuerzas armadas ocultando información relevante), muestra un interés diverso en perjuicio de los representantes de los padres y madres, y la esperanza de justicia”, aseveraron.
El Centro Prodh expuso que el espionaje a Encinas “muestra, entre otras cosas, que si Ayotzinapa no alcanza verdad no es por los jueces, sino por la obstaculización y los ataques del Ejército. Las fuerzas armadas por encima de todo”.
