El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el viernes pasado un decreto en el que se declaran de utilidad pública para el Corredor Interoceánico del istmo de Tehuantepec tres tramos de vías ferroviarias concesionadas a Ferrosur, propiedad de Grupo México, del empresario Germán Larrea.

Aunque en sentido estricto se trató de una recuperación de bienes nacionales bajo los términos establecidos en la ley, la mayoría de los medios y comentaristas se apresuraron a presentarla como una expropiación arbitraria que atenta contra la propiedad privada y, por lo tanto, sienta un precedente nocivo para las perspectivas de inversión.

Esas distorsiones de la realidad rápidamente saltaron a un regreso de las comparaciones absurdas del gobierno de Morena con los procesos de construcción del socialismo impulsados en Cuba o Venezuela.

Ya instalados en este discurso, personajes opositores lanzaron una campaña “anticomunista” que resulta disparatada por su absoluta carencia de asideros en los hechos.

Aunque estas voces fueron desmentidas de inmediato, está claro que las falsificaciones en torno a las medidas tomadas por el gobierno federal para asegurar el desarrollo en el sur del país fomentan la incertidumbre y provocan los daños que dicen denunciar.

En el mismo afán de caracterizar al decreto como un ahuyentador de la iniciativa privada, se pretendió vincularlo con el presunto desistimiento de Grupo México en su carrera por adquirir Citibanamex, la filial mexicana de la multinacional Citibank.

El propio conglomerado de Larrea desacreditó estas versiones e informó que continúa negociando con el banco estadunidense la compra valuada en alrededor de 7 mil millones de dólares.

Al informar sobre estas noticias falsas y el mentís que recibieron, el presidente López Obrador mencionó de manera sorpresiva la posibilidad de que, si Larrea renuncia a comprar Citibanamex, el gobierno participará en la adquisición a través de una asociación público-privada.

Si bien la perspectiva de que esto ocurra parece lejana, cabe valorar los beneficios que tendría para el país hacerse de una fuente adicional de ingresos nada despreciable, la cual además podría emplearse para detonar el crecimiento al financiar proyectos de desarrollo, así como acercar a los ciudadanos créditos accesibles bajo criterios sociales y no sólo mercantiles.

Sin importar el desenlace de las pláticas que el gobierno federal sostiene con Grupo México por los tramos de vías concesionados a Ferrosur, y de las que dicha firma lleva adelante con Citibank, lo cierto es que no existe motivo para la incertidumbre ni para suponer un cambio en la política económica aplicada desde 2018 por el actual gobierno.