La agencia antidrogas DEA ha permitido a uno de los mayores distribuidores de fármacos de Estados Unidos seguir vendiendo analgésicos adictivos durante casi cuatro años, a pesar de la recomendación de un juez de retirarle la licencia por su “indiferencia negligente” ante miles de pedidos sospechosos que han alimentado la crisis de los opioides.

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) no respondió a las preguntas reiteradas de The Associated Press sobre la forma en que manejó el caso de Morris & Dickson Co. ni la participación de un consultor de alto perfil que la empresa contrató para evitar sanciones y quien ahora es el segundo al mando de la directora de la DEA, Anne Milgram.

Sin embargo, el retraso ha suscitado dudas acerca de cómo esa “puerta giratoria” entre el gobierno y la industria farmacéutica puede estar afectando a la misión de la DEA de vigilar a las empresas del ramo señaladas como responsables de miles de muertes de estadounidenses por sobredosis.

“Si la DEA hubiera emitido su orden de manera oportuna, uno podría creer de manera creíble que su segundo al mando no estuvo involucrado a pesar de un evidente conflicto de intereses”, recalca Craig Holman, un experto en ética de la organización de monitoreo Public Citizen, con sede en Washington. “El simple hecho de que su acción se haya retrasado cuatro años sólo genera señales de alerta. Pone todo el proceso bajo sospechas graves”, agrega.

La semana pasada, después de que la AP se acercó a la DEA en busca de comentarios, la agencia rompió su silencio sobre el tema y notificó abruptamente a Morris & Dickson que decidió revocarle su licencia para distribuir sustancias controladas, según dos personas familiarizadas con el caso y que hablaron bajo condición de anonimato para hablar.

Sin embargo, aún no se ha publicado ninguna orden definitiva. La compañía ha descrito la revocación como una “virtual sentencia de muerte” para sus operaciones y es casi seguro que impugnará la decisión en un tribunal federal.

Louis Milione, quien fue nombrado subdirector de la DEA en 2021, no respondió a las solicitudes de comentarios. Se retiró de la DEA en 2017 después de una carrera histórica de 21 años que incluyó dos años al frente de la división que controla la venta de narcóticos altamente adictivos. Al igual que decenas de colegas en la poderosa, pero poco conocida Oficina de Control de Desvíos de la DEA, comenzó a trabajar rápidamente en su nuevo empleo de consultor para algunas de las mismas empresas a las que se le encomendó regular, incluida Morris & Dickson.

Morris & Dickson contrató a Milione como parte de un contrato de 3 millones de dólares para salvar su licencia de suministro de analgésicos después de que la DEA señalara en 2018 a la compañía por no alertar sobre miles de pedidos sospechosos de gran volumen.

Al testificar en 2019 ante el juez federal de derecho administrativo Charles W. Dorman, Milione argumentó que Morris & Dickson “no escatimó en gastos” para revisar sus sistemas de cumplimiento, cancelar órdenes sospechosas y enviar diariamente correos electrónicos a la DEA explicando sus acciones.

No obstante, tales esfuerzos fueron muy pocos y demasiado tardíos, escribió el juez en una recomendación de 159 páginas que no ha sido reportada previamente y cuya copia obtuvo recientemente la AP. Cualquier cosa que no sea el castigo más severo, añadió, “comunicaría a las empresas registradas con la DEA que, a pesar de sus transgresiones, sin importar cuán atroces sean, recibirán un simple tirón de orejas y una segunda oportunidad siempre que reconozcan sus pecados y prometan no pecar más”.

“La aceptación de responsabilidad y la evidencia de acciones de remedio no son tarjetas para salir de la cárcel que borran el daño causado por años de indiferencia negligente”, escribió Dorman. “Permitir que el demandado mantenga su registro les diría a los distribuidores que es aceptable adoptar un enfoque relajado ante las regulaciones de la DEA hasta que sean atrapados, momento en el cual sólo necesitarán arrojar millones de dólares al problema para que la DEA se aleje”.

Morris & Dickson —una empresa con sede en Shreveport, Luisiana, y el cuarto mayor distribuidor mayorista de medicamentos del país con ingresos de 4.000 millones de dólares al año y casi 600 empleados— no respondió a las solicitudes de comentarios, pero ha afirmado repetidamente en documentos judiciales que perder su licencia la obligaría a cerrar y que tendría un efecto “catastrófico” entre los estadounidenses enfermos en 29 estados.

Ni Milgram ni dos directores de la DEA que la precedieron han tomado ninguna medida de cumplimiento desde la recomendación de Dorman de 2019, lo que ha permitido que Morris & Dickson continúe operando, incluso mientras ha buscado un posible acuerdo. Exfuncionarios de la DEA dijeron a la AP que es muy inusual una espera de casi cuatro años en un caso así. Subrayaron que la agencia rara vez tarda más de dos años en emitir una orden final.

La gestión de la DEA por parte de Milgram también ha sido cuestionada en otro frente. La AP informó el mes pasado que un organismo de control federal está investigando si la agencia otorgó indebidamente millones de dólares en contratos sin licitación para contratar a los exsocios de Milgram.

En cuanto a Milione, las reglas federales de ética prohíben que los empleados del gobierno participen en decisiones que podrían beneficiar a las empresas en las que trabajaron anteriormente, pero la DEA no respondió a las preguntas sobre si Milione se recusó del asunto. También habría enfrentado restricciones en sus interacciones con la DEA cuando dejó el gobierno como alto funcionario, un problema que los propios abogados de la agencia plantearon en un intento de descalificar su testimonio en apoyo de Morris & Dickson.

Milione, un abogado y exactor de Hollywood, impresionó a sus compañeros agentes de la DEA por su dureza y la forma en que asumió riesgos. Entre sus logros estuvo una operación que permitió atrapar en 2008 al notorio traficante de armas ruso Viktor Bout, también conocido como “El mercader de la muerte”.

Pero después de asumir como jefe de la oficina de Control de Desvíos de la DEA en 2015, puso fin a la política de su predecesor de no reunirse con los fabricantes y distribuidores de medicamentos y abrió las puertas de la DEA a la industria que estaba encargada de regular.

Entre aquellos con los que Milione se reunió en al menos dos ocasiones estuvo Paul Dickson Sr., entonces presidente de Morris & Dickson. Eso incluyó una visita en 2016 con investigadores de la DEA a las oficinas corporativas en Luisiana, para analizar el programa de cumplimiento de la empresa.

John Gray, director de Healthcare Distributors Alliance, un grupo de cabildeo que incluye a Morris & Dickson, relató en un correo electrónico de 2015 cómo Milione, bajo las órdenes del entonces director entrante de la DEA, Chuck Rosenberg, quiso “restablecer” las relaciones con la industria farmacéutica. Milione incluso pronunció el discurso de apertura en la reunión anual del grupo.

“En general, él era proactivo, extremadamente agradable y parecía realmente preocupado de que hubiéramos perdido el contacto”, escribió Gray. “Mostró un tono y un enfoque muy diferentes a los que todos hemos visto en los últimos 8 a 10 años”.

Morris & Dickson ya había sido amonestada antes por su manejo inadecuado de fármacos adictivos. En 2019, antes de que Dorman emitiera su recomendación, la compañía acordó pagar 22 millones de dólares en multas civiles para resolver las denuncias de los fiscales federales de que violó la Ley de Sustancias Controladas al no reportar órdenes sospechosas de hidrocodona y oxicodona. La compañía también acordó actualizaciones multimillonarias a su programa de cumplimiento para garantizar que informara en el futuro sobre pedidos sospechosos.

El caso atrajo mucha menos atención que las acciones de cumplimiento de la ley que la DEA tomó en los últimos años contra los competidores más grandes de Morris & Dickson, un trío de distribuidores farmacéuticos que acordaron pagar al gobierno federal más de mil millones de dólares en multas y sanciones por infracciones similares. Las firmas Cardinal Health, AmerisourceBergen y McKesson también acordaron pagar 21.000 millones de dólares durante 18 años para resolver reclamos como parte de un acuerdo a nivel nacional.

Entre los más de 12.000 pedidos sospechosos que, según Dorman, Morris & Dickson debería haber reportado a la DEA, había 51 pedidos inusualmente grandes de opioides realizados por la farmacia Wilkinson Family Pharmacy, en los suburbios de Nueva Orleans.

Esa farmacia le compró a Morris & Dickson más de 4,5 millones de pastillas de oxicodona e hidrocodona entre 2014 y 2017, y los fiscales federales dicen que durante ese tiempo el propietario, Keith Wilkinson, blanqueó más de 345.000 dólares de ventas ilegales hechas con recetas falsificadas o escritas por médicos corruptos apodados “pill mill” (“fábrica de píldoras”).

En un mes, hasta el 42% de todas las recetas surtidas por Wilkinson Family Pharmacy fueron para analgésicos y el 38% de ellas se pagaron en efectivo. La DEA considera sospechosas las ventas de sustancias controladas de una farmacia cuando superan el 15% o las transacciones en efectivo superan el 9%.

Sin embargo, Morris & Dickson nunca suspendió ningún envío a la farmacia. Durante tres años, presentó apenas tres reportes de órdenes sospechosas a la DEA, ninguno de los cuales dio como resultado una suspensión de envíos.

“Cualquiera con medio cerebro podría haber visto algo que no estaba bien”, comenta Dan Schneider, un farmacéutico jubilado que reside cerca de Nueva Orleans y cuya lucha para hacer rendir cuentas a las compañías farmacéuticas por la epidemia de opioides se presentó en una serie documental de Netflix. “Se pasaron de la raya”, añade.