Washington. Estados Unidos renovó ayer por seis meses una licencia que autoriza a un grupo de empresas de servicios petroleros estadunidenses a preservar activos en Venezuela, manteniendo restricciones de larga duración que les impiden perforar, procesar o manejar cualquier barril de petróleo de origen venezolano.

La licencia, emitida por el Departamento del Tesoro, fue otorgada por primera vez en 2019 a Halliburton Co, Schlumberger NV, Baker Hughes Co y Weatherford International LLC, junto con el productor estadunidense Chevron Corp, por parte del gobierno del ex presidente Donald Trump.

En noviembre, el Tesoro otorgó a Chevron una licencia separada para expandir sus operaciones en Venezuela y exportar crudo a Estados Unidos, pero mantuvo las restricciones para las empresas de servicios petroleros.

La licencia de ayer extendió esa autorización a las compañías de servicios para conservar sus activos en Venezuela hasta el 19 de noviembre, según el documento publicado por el Tesoro.

Algunas de las cuatro empresas tienen taladros y otros equipos especializados almacenados en Venezuela. La licencia les permite mantener esos activos, oficinas y personal en el país, pero no autoriza ninguna actividad medular con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) o sus empresas mixtas, como perforación o mantenimiento de pozos.

En tanto, Venezuela rechazó que Estados Unidos ponga en duda su compromiso en la lucha contra el terrorismo, al considerar que su país cumple con todas las obligaciones en esa materia, luego de que Washington incluyó a Caracas en una lista de países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo, lo que le permite aplicar sanciones contra el país sudamericano.

“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza una vez más el cuestionamiento del compromiso de Venezuela en la lucha contra el terrorismo”, señala el comunicado difundido por el canciller Yván Gil en Twitter.

La administración de Nicolás Maduro calificó de cinismo que se incluya a Venezuela en esa lista, “cuando Estados Unidos ha dado refugio a terroristas confesos como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch (autores del atentado contra un avión comercial de Cubana de Aviación en el cual perdieron la vida 73 personas en 1976)”, destacó en su texto del canciller.

Señaló que el uso de la coerción como política de exterior de la administración estadunidense constituye una verdadera forma de terrorismo. “Un tercio del planeta sufre hoy por el terrorismo económico, político y financiero de Estados Unidos, que se ha convertido en un impedimento para el desarrollo y la estabilidad mundial”, agregó.

El gobierno de Maduro reiteró el llamado a Washington a respetar el derecho internacional, así como a volver a la práctica de la diplomacia para fortalecer la paz mundial.

En otro orden, las autoridades venezolanas alegaron ante la justicia inglesa que el gobierno británico ya no reconoce a Juan Guaidó como “presidente encargado” y, por consiguiente, deberían revisarse las decisiones judiciales que dieron al dirigente opositor el control del oro del país depositado en Londres.

El oficialismo y la oposición liderada por Guaidó se enfrentan desde 2019 por el control de más de 30 toneladas de oro de las reservas estatales, valoradas en mil 900 millones de dólares, guardadas en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.

En una complicada sucesión de fallos, recursos y contrarrecursos, la justicia inglesa determinó que Guaidó era el representante legítimo del país y que la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) que él nombró podía dar instrucciones al Banco de Inglaterra en calidad de cliente.

También se determinó que la justicia inglesa no reconocía las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Caracas invalidando dichos nombramientos por considerar, entre otras cosas, que los jueces de esa corte están a las órdenes del presidente Maduro.

Esta última decisión, tomada en julio de 2022 por la jueza Sara Cockerill, de la división comercial de la Alta Corte de Londres, fue recurrida por el BCV oficial el pasado octubre. Pero a la espera de que el Tribunal de Apelación analizara el caso, la realidad política cambió en Venezuela.

A finales de diciembre, la asamblea opositora electa en 2015 –aún reconocida por Estados Unidos y Reino Unido, que consideran ilegítimos los comicios legislativos de 2020– votó por disolver el gobierno interino de Guaidó.

Esta decisión fue aceptada por Washington y Londres, que reconocieron a Guaidó cuando en 2019 se autoproclamó “presidente encargado” de Venezuela.

El 31 de enero de 2023, “la cancillería británica escribió a la jueza Cockerill, sin que nadie se lo pidiera, y declaró que el gobierno ya no considera a Guaidó ‘presidente interino’”, defendió ayer el abogado Richard Lissack ante tres jueces del Tribunal de Apelación de Londres.

Lissack representa desde 2022 a la junta directiva oficial del BCV presidida por Calixto Ortega, quien viajó desde Caracas para este nuevo capítulo de la saga judicial y ayer siguió la vista sentado en el fondo de la sala. Las audiencias continuarán hasta mañana.