Zacatecas, Zac. Un grupo de mujeres, habitantes de escasos recursos que viven de la denominada franja de San Antonio de Padua, en el barrio popular de El Orito, al poniente de la capital de Zacatecas, denunciaron en entrevista con este diario, que el presidente municipal Jorge Miranda Castro, del PVEM, y sus funcionarios del ayuntamiento, han impedido su legítimo derecho a regularizar los terrenos donde han erigido sus humildes viviendas, en las que viven desde hace más de 20 años.

Encabezadas por su abogada Mirna Elizabeth Hernández Cárdenas, las mujeres señalaron que desde el ayuntamiento de Zacatecas han sufrido exclusión y se les ha impedido acceder a trámites oficiales, que requieren para acreditar su posesión, mediante Juicios de Jurisdicción Voluntaria.

Las autoridades municipales, presuntamente “protegen” a Fernando Zorrilla López de Lara –primo hermano de Arturo López de Lara, ex dirigente estatal del PAN-, quien arguye ser el propietario del predio que antes nunca reclamó, y sobre el que además no cuenta con ningún documento para acreditar la propiedad del predio. Fernando Zorrilla sólo ha acreditado ser dueño de una huerta, que está frente a la franja de San Antonio de Padua, pero son polígonos totalmente distintos, y separados por un arroyo de aguas negras embovedado.

La abogada Hernández Cárdenas, acompañada por un grupo de las mujeres que representa, informó a este diario que hace 21 años, adquirieron los lotes a un hombre identificado como Cruz Sifuentes Belmontes. Las familias de escasos recursos adquirieron los lotes que pagaron en abonos, pero el sujeto jamás les entregó sus escrituras. Por el contrario, comenzaron a tener problemas, porque se enteraron que varios terrenos fueron vendidos más de una vez. Pasaron los años, y ese individuo desapareció. Las familias como fuera, ya tenían sus casas construidas y vivían ahí tranquilas.

Las viviendas ya cuentan con servicio de luz eléctrica que gestionaron directamente años atrás con la Comisión Federal de Electricidad, y también obtuvieron un certificado de la Comisión Nacional del Agua, que acredita que la franja de San Antonio de Padua, no invade una zona federal, pues se encuentra a un costado del arroyo de aguas negras embovedado, de El Orito.

Para conseguir la dotación de servicios públicos como el agua potable y la red de drenaje, las aproximadamente 50 familias que habitan ahí, comenzaron recientemente a buscar, la forma de obtener sus escrituras, para acreditar legalmente los terrenos, donde están asentadas las casas donde viven.

Para ello recurrieron a la presidencia municipal, explicó la abogada Hernández Cárdenas, quien informó a este diario que está iniciado, a nombre de cada persona interesada, juicios de Diligencia de Jurisdicción Voluntaria, para acreditar la posesión de esos predios. Y para que un juez les admita la demanda, requieren de la presidencia municipal “una opinión positiva, la cual es un requisito para poder iniciar ese juicio de Jurisdicción Voluntaria, el Código civil lo marca”, y ese paso obligado es la expedición de constancias de medidas y colindancias, de cada vivienda en el sitio.

Pero la contadora Margarita García Acuña, directora de Catastro Municipal, les ha negado la expedición de esas constancias –que implica enviar personal del ayuntamiento a hacer el trabajo de campo, de delimitación de cada predio-, envió el pasado 18 de mayo, a la abogada Hernández Cárdenas, un oficio, argumentando que en el municipio, no existían “los archivos, y ningún documento idóneo que contenga el antecedente mencionado. Por lo cual no se pueden expedir dichas constancias”.

Ante esa negativa, este miércoles 24 de mayo, la abogada, acompañada de varias de las mujeres interesadas, acudieron directamente a la presidencia municipal a buscar a la directora de Catastro, pero ella no las atendió. “No nos recibió, sólo su jurídico, quien nos dijo que, como no son las propietarias, no se les puede expedir ninguna información, y nos mandó decir Margarita García Acuña, que hiciéramos lo que tuviéramos que hacer, que si quisiéramos recurrir a lo legal o a lo social, que hiciéramos lo que quisiéramos, que ya no iba a contestarnos nada”.

Se dirigieron entonces a la oficina de Martín Cervantes, el encargado del despacho del presidente municipal Jorge Miranda Castro, del PVEM, y él mandó llamar a la directora de catastro, “y ahora ella sí ya salió, y siguió en la misma postura, que ella no puede emitir las constancias, porque dijo que ellas no son propietarias.

“Yo le repliqué que ella está obligada a expedir las constancias, porque las personas están demostrando la posesión, así está establecido en el Código Civil, se lo manejé así, pero ella está cerrada. Y reiteró que ella no va a emitir ninguna constancia, porque el departamento de Catastro del Municipio, es privado (sic), y que no tiene por qué dar información a nadie… le dije, cómo cree, si el Catastro es público, porque pertenece a la presidencia municipal, cómo me lo puede decir así”.

“Nos dicen en la presidencia que el terreno donde está la franja de San Antonio de Padua, es de Zorrilla, aunque él no tenga ningún título ni pueda acreditar la propiedad, y que hay que pagarle a él, los terrenos donde están nuestras casas”.

Finalmente, explicó la abogada de las mujeres, que ellas tienen un plano general de deslinde, que consiguieron en gobiernos anteriores, “donde se ve claramente, la huerta que era del abuelo de este señor Zorrilla, que está del lado oriente de la bóveda del arroyo de aguas negras que cruza el lugar, y la franja de San Antonio de Padua, está del otro lado del arroyo, son dos predios totalmente distintos”.