Un tribunal colegiado reabrió el juicio sobre la operación de la nueva megapresa de jales de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, con capacidad de 51 mil veces más de la que causó el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos en 2014, en Bacanuchi, Sonora. Ahora la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) deberá informar a esa población las irregularidades que cometió la minera en el desarrollo y operación de esa presa, así como las medidas que deberán adoptarse para no causar más daños ambientales.

Los Comités de Cuenca del Río Sonora informaron que no se ha cumplido la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2018, que amparó a las comunidades afectadas por la contaminación del Río Sonora de 2014 ocasionada por el enorme derrame de Buenavista del Cobre.

Ante ello, el tercer tribunal colegiado en materias penal y administrativa en Sonora ordenó al juzgado noveno de distrito en Sonora (encargado de velar por el cumplimiento de la sentencia) que dé seguimiento para que las autoridades ambientales hagan todo lo posible para evitar que esa megapresa de residuos tóxicos cause daños significativos al medio ambiente.

La sentencia de la corte señaló que se debió consultar a la comunidad de Bacanuchi, antes de la construcción de la presa de jales mineros, con lo cual se violó su derecho a participar en asuntos que podían afectar el derecho a un medio ambiente sano.

En un comunicado, los comités recordaron que el juzgado decidió cerrar el caso, sin tomar en cuenta que existían pendientes relevantes, entre ellos que la Profepa no ha informado a la comunidad sobre las irregularidades que detectó en el desarrollo de la presa.

“Debemos tener presente que si la nueva presa colapsara, los resultados serían aún más catastróficos que el desastre ocurrido en 2014”, señalaron los Comités de Cuenca.

Agregaron que “este nuevo fallo nos da la razón”.