Los representantes de los mineros de Cananea, Sonora, pidieron que haya una reunión urgente entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y su dirigente nacional, el senador Napoleón Gómez Urrutia, ya que a 17 meses de negociaciones en la dependencia no se ha podido llegar a un acuerdo, debido a la “cerrazón e intransigencia” del empresario Germán Larrea, dueño de Grupo México.

En julio, la huelga en la mina de Cananea cumple 16 años y “Germán Larrea es el enemigo público número uno de México”, sostuvieron Nabor Duarte Herrera y Antonio Navarrete, secretario general local y vocero de la sección 65, respectivamente, a las afueras de Gobernación tras una reunión con funcionarios de la dependencia.

En entrevista, señalaron que están dispuestos a incrementar las protestas y de no haber una resolución definitiva al conflicto, el próximo primero de junio tomarán la mina en Cananea y bloquearán la carretera federal de esa ciudad “en defensa de los derechos humanos” de los 657 mineros y sus familias.

Una de las principales demandas de los mineros es la restitución del derecho al trabajo y el pago de más de 14 años de salarios caídos, pero después de 17 meses de instaladas las mesas de negociación en Gobernación, aún no hay avances, señaló la comisión negociadora, que encabezan Duarte Herrera y Heriberto Verdugo, delegado del CEN en Sonora.

Además, en lo inmediato, los 657 mineros y sus familias no han sido inscritos en el régimen de seguridad social, aun cuando –indicaron– ya entregaron la documentación respectiva, señaló Jacinto Martínez, secretario del trabajo de la sección. Añadió que los trabajadores debían estar incorporados al Seguro Social desde el primero de marzo pasado, pero siguen sin la posibilidad de acceder a una consulta médica.

Ayer, los dirigentes de la sección 65 del sindicato minero sostuvieron una reunión con Lorenzo Gómez, director jurídico de Gobernación, quien –indicaron– se comprometió a gestionar la reunión entre el titular de la dependencia y el senador Gómez Urrutia.

De acuerdo con los trabajadores, Gobernación es responsable de gestionar los recursos para que los mineros tengan acceso a la seguridad social, ya que en su calidad de “patrón sustituto” debe aportar al IMSS y cubrir las cotizaciones que desde 1992 dejó de pagar Grupo México.

Al respaldar las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de “anteponer el interés público” en relación al tema de Ferrosur, los mineros exigieron “se abra una investigación contra Grupo México que aún tiene varios delitos pendientes” por los casos de Pasta de Conchos, donde aún siguen sepultados los restos de 63 mineros; las otras dos huelgas históricas en Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas (que también suman casi 16 años), así como el derrame tóxico de 44 mil metros cúbicos de acidulados de cobre a los ríos Sonora y Bacanuchi, hace casi nueve años.