Anclada en la narrativa de ser un sector estratégico para el país, la minería pasó por una reforma en el Congreso sin que se tocaran los beneficios fiscales que reciben; los cuáles le permiten pagar una tasa de contribuciones hasta 92 por ciento por debajo de lo que es ley para las empresas y sociedades, e incluso que parte de su operación sea subsidiada con devoluciones al consumo.

En el primer trimestre de 2023 la minería (sin incluir petróleo y gas) formó parte de los cuatro sectores económicos que recibieron contribuciones del fisco por su operación; mil 282 millones de pesos en devoluciones por impuesto al valor agregado (IVA). A la vez pagó 13 mil 364 millones de pesos por impuestos sobre la renta (ISR), monto sobre el que rigen tasas efectivas que van de 2.41 a 10.54 por ciento, según los informes más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“El sector minero se ve beneficiado con una notable cantidad de facilidades fiscales, pero en cambio el Estado y sobre todo las comunidades son las que tienen que cargar con el peso de los daños ambientales, sociales, culturales y demás que está provocando este sector”, sostuvo en entrevista Aleida Azamar Alonso, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La también autora de Megaminería en México explicó que la opacidad es regla en los beneficios fiscales que percibe el sector “tanto por lo que las empresas dicen, como lo que publica el sector público”; sin embargo, algunos de los beneficios que se mantienen vigentes van desde devoluciones por inversión hasta descuentos por derechos especiales.

Azamar Alonso detalló que está el estímulo fiscal para empresas mineras que tienen un ingreso por debajo de los 50 millones de pesos, a través del cual se les descuenta en impuesto sobre la renta lo que pagaron de derechos especiales. También el sector se beneficia de una deducción acelerada de inversiones, amplió.

Tienen un tratamiento especial para extracción y exploración de minerales, a través del cual puede amortizar gastos, e incluso la Cámara Minera de México ha propuesto una política tributaria que permita deducir a 100 por ciento los gastos preoperativos de la exploración para el sector, entre otros beneficios, expuso la investigadora.

Luego de un análisis de las declaraciones anuales y los beneficios fiscales a los que pueden acceder las mineras, el Servicio de Administración Tributaria reportó que las tasas efectivas del sector para los ejercicios 2020 y 2021 van de 2.41 por ciento para la minería de carbón a 10.54 por ciento para la de cobre y níquel. En medio de este rango se encuentran el resto de subsectores.

“Mientras las compañías mineras obtienen ingresos millonarios, tributan menos impuestos que nosotros como trabajadores”, destacó Azamar Alonso. Ejemplificó con datos de 2020. Los cinco grupos mineros más importantes del país tuvieron ganancias superiores a 15 mil millones de dólares, pero la contribución de todo el sector al fisco alcanzó 862 millones de dólares.

Agregó que además de los beneficios a nivel federal, hay incentivos regionales para algunos tipos de minería y también los hay en el comercio exterior debido a los acuerdos de doble tributación, lo que requiere reglas de mayor transparencia para lo que debe reportar el sector, así como mayor responsabilidad social y ambiental. “Nuestra política fiscal es muy flexible y de hecho la reciente reforma minera no tocó para nada este tema”, agregó.

“México tiene tratados con otros países y esto permite a las mineras evitar la doble tributación sobre los ingresos que generan tanto en México como en otros países. Por ejemplo, si la mayoría de las empresas en México son canadienses y su central está en Estados Unidos o Canadá, se benefician con estímulos de los países que las promueven y de los de México, aunque las ganancias no se queden aquí”, refirió.

Azamar Alonso consideró que si bien la reforma a la Ley Minera y relacionadas que se terminó por aprobar en el Congreso terminó “descafeinada” respecto a la propuesta original, no le quita mérito. “Es un avance muy bueno, que además no teníamos desde 1992. Más de 30 años, 31, con una reforma que beneficiaba a los empresarios al 100”.

“¿Se puede hacer mucho más? Sí, porque hablamos de una industria netamente dañina en todos los sentidos, pero con lo que ya se hizo se está avanzando bastante”, puntualizó. Entre los pendientes que quedan, la investigadora destacó mayores regulaciones en materia de transparencia, trabajo y seguridad social, seguridad física y, sin dudar, lo fiscal.