Ciudad de México. La ex colaboradora de Genaro García Luna (recientemente incorporada al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial) Sonia Vargas Terrero, en su calidad de directora general de Recursos Materiales y Servicios Generales de Infraestructura de la Policía Federal, firmó entonces un contrato por 71.6 millones de dólares, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez. Esta operación se engloba en una trama de corrupción que se está investigando.

Gómez mostró un conjunto de contratos con la empresa Nunyay con el fin de adquirir sistemas de rastreo para dependencias de seguridad que encabezó García Luna, que ahora el gobierno federal litiga en Florida como parte de un “gigantesco mecanismo de extracción de recursos públicos que ronda 700 millones de dólares, asociados a operaciones de lavado de dinero”. Explicó que por ahora el juicio en Florida está detenido para desahogar un recurso de la defensa de estos ex funcionarios, que cuestionan la competencia de un tribunal en ese estado de Estados Unidos.

Al presentar los contratos, en su mayoría firmados en dólares y sin cubrir los requerimientos legales de hacer investigación de mercado, a pesar de estar relacionados con la seguridad nacional, Gómez subrayó que no se trata de que un funcionario incurrió en irregularidades en el desempeño de su gestión. Fueron personas que desviaron recursos producto de actividades ilícitas llevadas a cabo en el extranjero, pero realizadas, invertidas o lavadas, drenadas, en el estado de Florida.

Presuntos implicados

Entre los que mencionó destacan: del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eduardo Imaz Gispert, por 253 millones de dólares, y 67 millones 200 mil pesos mexicanos; del organismo de prisiones, Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Prevención y Readaptación Social, por 88 millones de dólares; Rodrigo Esparza Cristera, comisionado de la Policía Federal Preventiva, 69 millones 100 mil dólares; Facundo Rosas, comisionado general de la Policía Federal, 25 millones 875 mil dólares; Humberto Martínez González, director general de Apoyo Técnico de la Policía Federal, 37 millones 875 mil, y Luis Cárdenas Palomino, titular de la división de Seguridad Regional, 2 millones 500 mil dólares.

Detalló que estas operaciones se relacionan con la adquisición de sistemas de rastreo, básicamente localización de redes celulares, un sistema que se llama Safe City, instalado supuestamente, que no lo fue, en Ciudad Juárez. Y todos de la empresa Nunvav y otras compañías que son parte del mismo consorcio, entre 2006 y 2018.

“Las personas que he mencionado forman parte de las denuncias presentadas o están dentro de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, no son personas desconocidas para la fiscalía, están sujetas a una investigación (…) a una gran trama de corrupción, cuyo resultado económico está siendo reclamado por México.”