Dentro de la cascada de propuestas legislativas del Ejecutivo federal, una de las más recientes (13/4/23) fue la de transferir, fusionar y, de hecho, desaparecer algunas dependencias de la administración pública, enviada a la Cámara de Diputados supuestamente en aras de la austeridad y reducción del aparato gubernamental. Se trata de una iniciativa muy amplia que atañe a campos muy complejos, donde, si bien no se ha operado en todos los casos de manera eficiente, de un plumazo se pretende afectar en el plano laboral a un numeroso grupo de profesionales y empleados bajo la declaración genérica de que no se afectarán sus derechos laborales. Me detengo en una de las relativas al campo de la educación indígena y a sus implicaciones y asignaturas pendientes. Esto es la transferencia propuesta para que la Dirección General de Educación Indígena Intercultural Bilingüe pase al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), cuestión que fue rechazada por los maestros de ese sector. Luis Hernández Navarro recuperó los argumentos de los docentes, en especial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) respaldados por una amplia movilización en la Ciudad de México y apuntó además las nulas condiciones del INPI para hacerse cargo de tal encomienda ( La Jornada, 16/5/23).
Por fortuna, tras intentos de cerrarles el paso y descalificarlos, la fuerza de la CNTE logró que en una reunión en Gobernación con la presencia de su titular y de la secretaria de Educación Pública, se acordara retirar la referida transferencia. Un triunfo, sin duda. Falta ver cómo se procesa esa modificación a la iniciativa global cuya discusión está en curso.
La escaramuza y hasta provocación referida no puede quedar sólo en el ámbito de las muy graves repercusiones laborales. Está pendiente la dimensión sustantiva del derecho a la educación de los pueblos indígenas que de ninguna manera están reflejados en la política educativa que se diseñó décadas atrás y hoy no muestra señales de transformación.
Aporte significativo a este respecto fue el informe que en 2005 el relator especial sobre pueblos indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhaguen (†), presentó al Consejo de Derechos Humanos, el cual se centró en los obstáculos, disparidades y retos a los que se enfrentan los pueblos indígenas en cuanto al acceso y la calidad de los sistemas de educación, y la adecuación cultural de los enfoques educativos. Refiere lo señalado en el Convenio 169 de la OIT y en el entonces aún proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Incluye recomendaciones a los gobiernos que hoy no aparecen en nuestro país evidencias respecto a su atención. Entre ellas: que den alta prioridad a los objetivos y principios de la educación indígena y que doten a las agencias e instituciones públicas y privadas dedicadas a promover la educación indígena de los medios materiales, institucionales e intelectuales suficientes; ampliar el contenido académico sobre pueblos indígenas (su historia, filosofía, cultura, artes, modos de vida, etcétera), en la educación nacional en todos sus niveles, con un enfoque antirracista, multicultural, de respeto a la pluralidad cultural y étnica, y en especial a la igualdad de género; les invita a preparar programas, en estrecha colaboración con las comunidades indígenas, para la capacitación de un número adecuado de maestros en educación bilingüe e intercultural.
Y una de las que son clave fue que para todo ello se requiere que “puedan participar libremente en todas las etapas de planeación, diseño, implementación y evaluación de estas reformas. Hasta ahora, señaló, una de las deficiencias en los sistemas de educación que no responden a las necesidades de los pueblos indígenas es la falta de participación de éstos desde el origen en el diseño de los programas y políticas de educación. La participación debe involucrar a los padres de familia, a los representantes legítimos de las comunidades indígenas, así como a los maestros, administradores y empleados indígenas de los establecimientos escolares y miembros de la burocracia educativa. Los planes y programas educativos no deben ser diseñados en lejanas oficinas técnicas sin contacto directo con las comunidades indígenas” (E/CN.4/2005/88. 6/1/05).
Habrá que insistir: la participación de los pueblos no se cubre con asistir a uno o a 20 o 50 foros organizados desde el Estado con su agenda, sus invitados y hasta sus propuestas previas. El derecho a la consulta ha seguido la máxima de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal y lo principal para los pueblos es su autonomía y libre determinación. La participación la han convertido en una frase hueca que de pronto ciertos políticos mencionan y usan casi como pantomima. Y sabemos que la educación es sólo un eslabón más de las deudas en la materia de los derechos violados.
