Las evidencias de espionaje a Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación encargado de los temas de derechos humanos, es preocupante y exhibe el poderío oculto de segmentos militares, policiacos e incluso de gobiernos estatales, en proporciones aún indeterminadas, en contra de algunas de las acciones que deberían ser más defendibles de la administración obradorista.

Espiar al comisionado que fue nombrado para temas tan delicados como el de los normalistas desaparecidos en Iguala equivale a espiar a una parte del espíritu y de la voluntad del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Grave sería que esa intromisión ilegal fuera realizada por el segmento verde olivo tan acaudalado y empoderado en su cúpula en lo que va del sexenio, pues significaría que todos los integrantes del poder civil estarían a merced de la vigilancia y eventual coacción y chantaje del reino de los generales.

El presidente López Obrador develó parte de las pláticas habidas con el magnate Germán Larrea Mota Velasco en relación con tramos de vías férreas que el Estado mexicano requiere tener bajo su control para evitar impedimentos a su proyecto de tren transoceánico. Dijo que el accionista principal de Grupo México fue mal asesorado por sus abogados, entre los que destaca el secretario de Gobernación durante la malhadada administración calderonista, Fernando Gómez-Mont.

Al respecto, la periodista Claudia Villegas, especialista en temas financieros, desechó la posibilidad de que la medida del gobierno mexicano constituya una expropiación. Si la administración del presidente Andrés Manuel tuviera esa tendencia, no hubiera pagado los “6 mil millones de dólares” a Iberdrola por sus plantas eléctricas. En entrevista de Internet, Villegas dijo que los segmentos hoy ocupados por la Marina estaban en manos de un “oligopolio” del que formaba parte Transportación Marítima Mexicana y Grupo México. Durante las operaciones de estas firmas, “no se permitía la competencia”, sin olvidar las “tarifas altas” que cobraban por la contratación de sus servicios. Desde su punto de vista, la apuesta de estos grupos de poder económico es que “el proyecto del Tren Maya fracase”, así como todo el proyecto de “desarrollo en el sur” para trasladarlo, de nueva cuenta, “al norte del país” (https://goo.su/EaUYOeh).

En San Luis Potosí ha caído el cacicazgo cetemista en la planta productora de llantas de caucho Goodyear, se ha rechazado el contrato colectivo que era lesivo a los trabajadores y se ha logrado que el gobierno de Estados Unidos solicite al mexicano que, conforme a las cláusulas del T-MEC, se confirme el respeto al derecho de los sindicalizados.

Sin embargo, conviene advertir, como lo hace Pablo Franco, representante legal del Sindicato Independiente de Trabajadores de Goodyear, que se debe retomar un debate oculto hasta ahora: “la prelación de la negociación colectiva por rama de industria que nuestro país se lleva a cabo por medio del contrato ley. Este tipo de negociación históricamente ha sido benéfico para los trabajadores y las empresas han intentado desaparecerlo.

“La reforma laboral reconoce esta prelación (contrato ley) y la protege, a efecto de garantizar que se apliquen las mejores condiciones para las personas trabajadoras. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) debe hacer efectivo este derecho y dar por terminados los contratos colectivos de trabajo celebrados en aquellas industrias dónde existe contrato ley.”

Y, mientras este martes se presenta en la Cámara de Diputados la propuesta de Morena para realizar un debate público, conversatorios y foros a fin de escuchar opiniones de expertos, incluidos ministros, sobre la viabilidad de una consulta pública para la designación de integrantes de la Corte, ¡hasta mañana!

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