El decreto para lograr el control gubernamental del tramo ferroviario Medias Aguas-Coatzacoalcos pretende recuperar la concesión para la nación, lo cual dista de ser una expropiación, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. La decisión se adoptó ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con Grupo México, que cambió su postura de buscar un arreglo a exigir un pago de 9 mil 500 millones de pesos.

Desvinculó el desencuentro en torno al tren con la operación de compra de Citibanamex, en la cual Grupo México es el principal postor. “No hay ningún problema en el caso del banco. No es un asunto personal, no es un pleito con Germán Larrea. Ojalá y comprendan, no sólo esta empresa, sino otros empresarios, ojalá y en un momento de sensatez piensen que un gobernante tiene que representar a todos y cuidar el interés público. Es un servidor público, no es un empleado, no es un gerente”.

López Obrador subrayó que el control gubernamental y la entrada de efectivos de la Secretaría de Marina tendrán carácter temporal en función “de la actitud de la empresa”. Precisó que los trenes de Grupo México siguen entrando sin problema, “les damos el derecho de paso, pero la vía, que es de la nación”, y la presencia militar es para evitar que haya un sabotaje y se les responsabilice.

Ante las críticas contra su decisión a partir de publicar el decreto el pasado viernes, aseveró que no se trata de una expropiación. “Porque dicen: ‘Se expropió’. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada, es muy distinto recuperar una concesión que es de la nación”.

Mostró mapas de las obras ferroviarias de su gobierno en el sureste que conectan al Tren Maya con el Transístmico y su ramal hasta la frontera sur, subrayando el carácter estratégico que tienen para canalizar inversiones a esa región. Es un área donde el activismo legal de grupos opositores se ha intensificado: “Tenemos información de que querían pararnos la obra o que no concluyéramos en este gobierno y no pudiésemos inaugurar en diciembre el Tren Maya”.

Recordó que hace décadas, el trayecto del tren del Istmo se consideraba un asunto de seguridad nacional, lo cual se modificó en este tramo que opera Ferrosur (propiedad de Grupo México). Al cancelarles un decreto (la Suprema Corte de Justicia) se abría la posibilidad de detener labores, por lo que se declaró la región como de seguridad nacional.

La inversión ha detonado el empleo en esta zona, “¿por qué detener el desarrollo, el progreso con justicia y perjudicar a la gente? Están trabajando 100 mil obreros en todas las obras. Por eso decidimos protegerlas, porque no estamos actuando de manera autoritaria, sino de conformidad con la Constitución y las leyes”.

Detalló los diversos acercamientos con Grupo México, incluso personalmente con Larrea. De hecho, ya estaba a punto de firmarse el acuerdo para recuperar la vía, pero estaban mal aconsejados por sus abogados, dijo, entre ellos el ex secretario de Gobernación Fernando Gómez-Mont.

Posteriormente “ya ni las llamadas le tomaban al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y vienen con una propuesta: que les pagáramos 9 mil 500 millones de pesos. Así ya no se puede”.

– ¿O sea que se lo querían vender?

–Sí, pero ni siquiera a un precio justo, sino un abuso.

–¿Qué sería lo justo de pago?

–Que se haga, después del procedimiento legal, la autoridad competente mande a hacer un avalúo y se pague una indemnización, si es que les corresponde. Imagínense, pagar 9 mil 500 millones.

Narró que la semana pasada ya estaba preparado el decreto para publicarlo, pero Larrea confirmó su asistencia a una comida con un grupo de connotados empresarios y se consideró inapropiado emitirlo ese día, cuando acudió a Palacio Nacional. Por lo pronto, no tiene previsto reunirse con él.

En cuanto a la adquisición de Banamex, la postura no ha variado y no hay objeciones si se cumplen los cuatro criterios de origen: que sea capital nacional mayoritario, que quienes participen en la operación no tengan adeudos fiscales, que se paguen los impuestos correspondientes y que el patrimonio cultural de la institución financiera permanezca en México.