El incremento de la violencia en los primeros meses de la administración estatal que encabeza el gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara Cruz –que empezó el primero de diciembre anterior– preocupa a diversos sectores, lo mismo al magisterial que a la Iglesia católica, empresarios y defensores de derechos humanos consultados por La Jornada.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre a abril pasados se perpetraron en la entidad 17 mil 941 delitos, entre los que destacan secuestros, homicidios dolosos, lesiones, feminicidios, delitos de carácter sexual y robos.

Cifras oficiales precisan que de enero a noviembre de 2022 se cometieron en total 40 mil 16 delitos, mientras entre diciembre del año anterior y abril de 2023 se consumó más de 40 por ciento de los crímenes reportados a lo largo de 11 meses.

Durante los primeros meses de 2023 se dio muerte en la región de la Mixteca a seis integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), organización aliada a la Cuarta Transformación que ha exigido a las autoridades estatales que detengan la violencia, pues si bien al inicio de la gestión de Jara Cruz se celebraron mesas de trabajo que el gobierno del estado llamó “mesas de paz”, éstas fueron abandonadas luego de diversas agresiones, y la administración estatal no ha hecho esfuerzo alguno por retomarlas.

El SESNSP señaló que entre enero y abril de este año se cometieron 783 homicidios, aunque la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) reportó 774. El organismo federal señaló que 299 de esos crímenes fueron dolosos, en tanto la FGEO consideró dolosos 285 asesinatos, e informó que derivado de estos delitos se iniciaron 692 carpetas de investigación, la mayoría en la región de los Valles Centrales, donde se cometieron 25 por ciento de esos ilícitos; 21 por ciento se documentaron en la costa, 18 por ciento en el Istmo y 9 por ciento en la Mixteca.

Carlos Beas Torres, dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), apuntó que la situación en esa área del estado ha venido complicándose desde hace años. Aseguró que las ejecuciones son algo común, sin que se haga algo por cambiar estas circunstancias.

Asimismo, se ha incrementado la delincuencia con el proyecto del Corredor Transístmico, pues grupos criminales buscan controlar el área para el trasiego de droga y migrantes indocumentados. Además, proliferan las amenazas contra activistas y comunicadores por los intereses que existen para que el proyecto del corredor no se detenga.

Lo más grave y que pone en mayor riesgo a estos sectores, dijo Beas Torres, son los ataques del gobernador Salomón Jara a través de su conferencia semanal, en la cual desacredita a quienes no comparten su forma de pensar.

Activistas aseguran que la defensa de los derechos de las mujeres se encuentra en un abandono institucional “terrible”. La abogada feminista Yésica Sánchez Maya recordó que, según la Plataforma de Violencia Feminicida, se han cometido 56 feminicidios de diciembre de 2022 al 14 de mayo de 2023.

La litigante consideró que el mensaje de impunidad viene desde la oficina de Jara Cruz, pues “las mujeres están siendo utilizadas para tomarse la foto y decir que están trabajando”, cuando en realidad la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario ha entregado diversas carpetas de casos de violencia a la Secretaría de la Mujer estatal, y nada ha ocurrido.

A esto se aúna el caso de Donato Vargas Jiménez, coordinador de delegados de paz de la Secretaría de Gobierno oaxaqueña, quien fue denunciado por violencia familiar y no ha sido destituido de su cargo. Además, la FGEO no ha judicializado el caso siete meses después de que se presentó la querella.

“Pareciera que se quiere llevar a las mujeres a un hoyo negro para que ejerzan violencia feminicida o te asesinen; parece que en Oaxaca no hay otra opción para las mujeres”, apuntó la defensora Yésica Sánchez.

Ricardo Martínez Santiago, del colectivo Oaxaqueños Unidos Exigiendo Justicia, que se enfoca en la búsqueda de personas desaparecidas, informó que diariamente se reportan al menos cinco desapariciones de jovencitas en la región de los Valles Centrales, que junto con las zonas Costa y Cuenca del Papaloapan es considerada por buscadores de ausentes como de alta peligrosidad, las dos últimas por la presencia del crimen organizado.

El SESNSP señaló que de enero a abril pasados se han cometido 22 feminicidios y 609 delitos contra la libertad y la seguridad sexual, entre ellos 187 casos de abuso sexual, 96 de acoso, 31 de hostigamiento, 176 de violación simple, 113 de violación equiparada y seis más cuya naturaleza no se especificó.

El arzobispo de Antequera, Pedro Vázquez Villalobos, dijo en su homilía del 7 de mayo: “Nos preocupa todo lo que se vive en nuestros pueblos, la violencia, las injusticias, las fricciones, los asesinatos y los feminicidios, y elevamos nuestra mirada a Dios”.

Respecto al sector educativo, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación ha denunciado una ola de violencia en la Sierra Sur, específicamente en el área de Santiago Amoltepec, en la cual han sido asesinados cuatro profesores durante los últimos meses y por lo cual tanto maestros como autoridades municipales han solicitado la instalación de una base de operaciones mixtas.

No obstante, y pese a la realización de al menos cuatro mesas de trabajo, el gobierno de Jara Cruz no ha dado solución, lo que derivó en que los profesores de este territorio iniciaran un paro el 20 de abril.

Perla Woolrich Fernández, presidenta estatal del Partido Acción Nacional, mencionó a su vez el caso de Sola de Vega, municipio de la Sierra Sur cuyas autoridades decretaron toque de queda por la supuesta irrupción de grupos del crimen organizado.

El pasado fin de semana se cometieron en la entidad nueve homicidios y se abrieron siete carpetas de investigación. Entre estos delitos figuraron tres asesinatos en el municipio de Pinotepa Nacional, en la región de la Costa.