Dado su tenebroso historial, no sorprende que el estafador Germán Larrea haya pretendido obtener 9 mil 500 millones de pesos del erario (cerca de 528 millones de dólares) por “ceder” tres tramos de vía férrea (de unos 117 kilómetros) concesionados por el Estado (ahora de retorno a la nación, con la ley en la mano, por decisión del gobierno federal) por su reiterada negativa –y creciente ambición– de resolver este tema en buenos términos.

Para dar una idea de la desproporción del tóxico barón: en 2022 la División Transportes de Grupo México –con sus 11 mil 131 kilómetros de vía concesionada– obtuvo utilidades netas por 482 millones de dólares, pero por “ceder” 117 kilómetros (que es la longitud expropiada) pedía el equivalente a 528 millones de dólares, a razón promedio de 4.51 millones de billetes verdes por kilómetro, o si se prefiere, casi 10 por ciento más que las ganancias de todo un año.

Los 117 kilómetros expropiados equivalen a 1.05 por ciento de las vías concesionadas a Grupo México, de tal suerte que si en un hipotético momento el gobierno federal decidiera expropiar el 100 por ciento, entonces el barón exigiría no menos de 50 mil millones de dólares, cuando por tal concesión pagó (es un decir, porque con la devolución y condonación de impuestos el empresario le sale debiendo, por mucho, al Estado), junto con los otros participantes, no más de 2 mil 300 millones de billetes verdes.

Así se las gasta quien ha incrementado su fortuna de cuento de hadas (heredada) mediante concesiones gubernamentales para explotar bienes de la nación: minería, ferrocarriles, energía eléctrica, petróleo, aeropuertos y mucho más, sin olvidar los nutridos beneficios fiscales. De hecho, el único negocio no asociado al Estado es la cadena Cinemex, la cual tampoco creó: la compró ya en operación, para consolidar el duopolio en ese sector (la otra parte es Cinépolis, propiedad de Alejandro Ramírez, también integrante del Consejo Mexicano de Negocios).

En la mañanera de ayer, López Obrador detalló que la decisión de “recuperar una concesión” (los citados 117 kilómetros) se basó en la necesidad de “proteger todas las obras y hacer uso de nuestras facultades legales, porque no estamos actuando de manera autoritaria, estamos actuando de conformidad con la Constitución y las leyes”. Y algo más: “¿por qué dicen ‘se expropió’? ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada, es muy distinto recuperar una concesión que es de la nación”. ¿La decisión será permanente?, le preguntaron. “Depende de la actitud de la empresa porque siempre buscamos el arreglo”, pero éste no se dio ante la pretensión de Larrea de embolsarse 9 mil 500 millones de pesos. “Bueno, pasó que ya no le contestaban el teléfono al secretario de Gobernación, y eso está mal, porque antes era distinto (porque) era contubernio, una relación estrecha; el poder económico y el político se nutrían mutuamente; el gobierno era un comité al servicio de una minoría, había promiscuidad política, no una separación entre lo político y lo económico; el poder económico tenía sometido al público”.

Dijo el mandatario: “en las negociaciones con Grupo México, el gobierno federal no pedía el derecho de paso, no; (planteamos) que esta concesión se tiene que restituir, es lo único. Y buscamos un acuerdo, pero la vía es de la nación y a ella regresa por seguridad nacional e interés público, y es completamente constitucional y legal … y ya estaba, pues, a punto de firmarse el acuerdo, en este caso el decreto, porque ya no se podía. Y estaban mal aconsejados. Mucho cuidado con los abogados”, sobre todo aquellos que “asesoran” a los magnates, como el impresentable Fernando Gómez Mont, de muchos años atrás (incluidos los que despachó como secretario de Gobernación de Borolas) abogado corporativo de Germán Larrea (para este, Claudio X. González Laporte es su Ciro Murayama).

El tóxico barón pedía 9 mil 500 millones de pesos, “y así, pues, no se puede; ni siquiera un precio justo, sino un abuso”. Entonces, ¿cuánto? “Después del procedimiento legal y que la autoridad competente mande a hacer un avalúo, se pagará una indemnización, si es que les corresponde”. Y el asunto de Banamex, dijo, nada tiene que ver con esto.

Y mientras el barón piensa con el hígado, no será sorpresa si la derecha histérica sale con otra batea de babas: #TodossomosLarrea.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿qué tal una auditoría a las privatizaciones desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto? ¿Quién se anima?

Twitter: @cafevega